Reunión clave entre el PRO, la UCR y el Gobierno: ¿Qué pasará con el presupuesto 2025?

Desde las 15 h los representantes de ambos partidos se reunirán con el jefe de Gabinete de Nación.

En un esfuerzo por reactivar las negociaciones sobre el Presupuesto 2025, el PRO y la UCR se reunirán este martes con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en una jornada clave. A las 15:00, los presidentes de ambos bloques, Cristian Ritondo (PRO) y Rodrigo de Loredo (UCR), discutirán los temas que integrarán el temario de las sesiones extraordinarias en el Congreso, que se extenderán hasta el 21 de febrero.

Los opositores están decididos a sumar el Presupuesto 2025 a la agenda de discusión, aunque han dejado claro que no condicionarán el tratamiento de otros proyectos a la inclusión del mismo. Desde el Ejecutivo, se insiste en la importancia de un presupuesto equilibrado para garantizar el cumplimiento del objetivo de déficit cero.

Ausencias y tensiones en la oposición

Sin embargo, la reunión no contará con la participación de todos los sectores de la oposición. El bloque de Encuentro Federal, liderado por Miguel Pichetto, no asistirá al encuentro con Francos. Aunque Pichetto ha mantenido reuniones previas con el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, su bloque considera que el Congreso debe ser el lugar principal para tratar estos temas.

Dentro de Encuentro Federal, aún hay división sobre el apoyo a la ley de Ficha Limpia, y se espera una reunión interna para definir una postura. Mientras tanto, el bloque del MID, encabezado por Oscar Zago, también quedó fuera de la convocatoria, a pesar de su participación activa en la estrategia parlamentaria el año pasado.

Los proyectos clave en debate

Además del Presupuesto 2025, otros proyectos importantes se tratarán durante las sesiones extraordinarias, como la Ley de Ficha Limpia. Este proyecto, que busca impedir que personas condenadas por delitos graves ocupen cargos públicos, ha sido respaldado por la UCR y el PRO, aunque con algunas diferencias en su formulación.

Desde el oficialismo, se busca avanzar con el proyecto que establece que aquellas personas condenadas por corrupción no podrán ser candidatos o acceder a cargos en la administración pública, con la creación de un registro público para garantizar su cumplimiento. Sin embargo, desde Unión por la Patria, se cuestiona la eficacia de la ley debido a lo que consideran una justicia sucia, que favorece a ciertos sectores del poder.

Este tema se presenta como uno de los puntos más polémicos de las sesiones extraordinarias, y su futuro dependerá de lograr la mayoría necesaria para su aprobación en la Cámara de Diputados.

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