La Justicia avanza en una investigación sobre los vínculos entre 14 organismos públicos y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), en el marco de presuntas irregularidades en la contratación de personal. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) y el fiscal Ramiro González lideran las pesquisas, que buscan esclarecer un sistema de contratación externo sospechado de opacidad.

El fiscal González ha solicitado precisiones sobre los vínculos entre la OEI y el Ministerio de Capital Humano, especialmente en relación con la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, donde se han detectado posibles "contratos fantasma". Este vínculo ha generado un escándalo político, al punto de provocar la salida de Pablo de la Torre de su cargo en dicha Secretaría.

La PIA, por su parte, ha intimado a 14 organismos estatales a proporcionar información detallada sobre sus contratos con la OEI. Entre estos organismos se encuentran la Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Capital Humano, las secretarías de Educación, Obras Públicas, Innovación, Ciencia y Tecnología, y Desarrollo Cultural, además de la Anses, el Sedronar, y otros. Deberán entregar los convenios, actas complementarias, flujos de dinero, y las motivaciones detrás de estas contrataciones.

La investigación se centra no solo en los contratos recientes, sino también en los realizados durante gestiones anteriores. La PIA ha logrado obtener algunos datos preliminares que revelan el alcance de este sistema, que ganó notoriedad a partir de un puñado de contratos en la Secretaría de Niñez.

Además, la PIA ha solicitado al Ministerio de Capital Humano la apertura de dos sumarios administrativos relacionados con los mecanismos de contratación y la gestión de alimentos almacenados en depósitos. La ministra Sandra Pettovello ha proporcionado información sobre los contratos, pero aún no ha respondido a las solicitudes de sumarios.

El fiscal González ha requerido a la OEI un conjunto de información sobre los contratos realizados bajo la gestión actual, incluyendo convenios, actas complementarias, certificaciones de servicios y datos personales de los contratados. Luis Scasso, director de la OEI en Argentina, ha declarado la disposición de la organización para colaborar.

Uno de los puntos oscuros que se investigan es la posible existencia de una "caja negra" alimentada por contratos fantasmas gestionados por la OEI a pedido del Ministerio. También se explora la posibilidad de que estas contrataciones externas se hayan utilizado para otorgar sobresueldos a funcionarios, permitiéndoles recibir ingresos adicionales fuera del control estatal.

Otro aspecto a esclarecer es la posible superposición de sueldos, donde trabajadores contratados temporalmente por la OEI habrían recibido pagos retroactivos al ser oficialmente designados por el Estado, sin deducir los meses trabajados previamente. Esto podría haber permitido a algunos trabajadores cobrar dos veces por el mismo periodo de trabajo.