Un nuevo intento de hackeo sacudió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esta vez, el blanco fue Horacio Rosatti, su presidente, cuyo celular oficial estuvo a punto de ser vulnerado mediante un llamado engañoso. La maniobra, similar a otras ya denunciadas en el pasado, encendió alarmas sobre posibles redes de espionaje vinculadas a causas judiciales de alto perfil político.

El episodio ocurrió el lunes pasado en la Dirección General de Gestión y Habilitación e Infraestructura, área que administra los vínculos con las empresas telefónicas del Poder Judicial. El oficial Sebastián Matías Bustamante recibió una llamada desde un número privado en la que alguien, haciéndose pasar por un representante de Movistar, intentó obtener el PIN de una línea supuestamente robada.

Rosatti ya cambió su número oficial

Gracias a la desconfianza del empleado, que notó inconsistencias en el discurso del supuesto operador, se evitó la entrega de datos sensibles. El hecho fue reportado de inmediato a la Dirección de Seguridad del tribunal y derivado a la División de Conductas Informáticas Ilícitas de la Policía de la Ciudad, con intervención del fiscal Santiago Vismara. La línea en cuestión resultó ser la del propio Rosatti, quien ya cambió su número por precaución.

El caso no es aislado. Hace dos años, Rosatti había denunciado la existencia de cinco líneas telefónicas a su nombre que no reconocía. Esa causa derivó en la detección de una red de espionaje que también afectó a otros jueces como Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Verónica Skanatta, así como a políticos como Diego Santilli y Marcelo D'Alessandro.

Por aquella investigación fueron procesados el hacker Ezequiel Núñez Piñeyro, el misionero Santiago Machado y el exagente policial Ariel Zanchetta, acusado de haber solicitado más de 2.100 informes personales. El exfuncionario de AFIP Fabián "Conu" Rodríguez también fue vinculado al escándalo.

Ahora, la Justicia deberá determinar si este nuevo intento de hackeo forma parte de una estructura organizada de espionaje contra funcionarios clave del Poder Judicial.