El Gobierno de Javier Milei dejó claro que está dispuesto a utilizar todos los mecanismos "dentro de la Constitución" para cubrir las vacantes judiciales, y en este contexto, amenazó con nombrar a 150 jueces federales por decreto, una medida que se tomaría en medio de las complejas negociaciones por las designaciones en la Corte Suprema de Justicia.

La Casa Rosada busca acordar las designaciones con la oposición, pero sostiene que todos los intentos de diálogo fueron bloqueados. En este sentido, fuentes del Ejecutivo aseguran que las conversaciones con el kirchnerismo fracasaron, lo que elevó las tensiones. "Nos están provocando y se equivocan", expresó un funcionario de la Casa Rosada a TN.

Una de las prioridades del Gobierno es la designación de los jueces Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para que se sumen al máximo tribunal antes del 30 de diciembre, fecha en la que se hará efectiva la salida del juez Juan Carlos Maqueda. Sin embargo, el Ejecutivo también insiste en que no se incluiría en este posible decreto la designación del reemplazo de Eduardo Casal en la Procuración General de la Nación ni en la Defensoría General, que actualmente ocupa Stella Maris Martínez.

A pesar de la amenaza del decreto, la mesa técnica de la Nación sigue evaluando los detalles de la medida. En este momento, están en debate varias posturas sobre el poder del Senado para remover a los candidatos durante el período legislativo en caso de que se avance por esta vía. Además, las negociaciones siguen con los gobernadores y bloques aliados para conseguir el apoyo necesario, con el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, liderando el diálogo con los senadores.

Por otro lado, el Ejecutivo señaló que el kirchnerismo intentó aprobar solo el pliego de Lijo en el Senado, lo que generó más fricciones. En respuesta, se asegura que García-Mansilla también será nombrado por decreto si la situación no cambia. 

Mientras tanto, en el Gobierno se manejan varias opciones para los pliegos de jueces. Algunos sectores creen que los pliegos no se tratarán en sesiones extraordinarias debido a la falta de un acuerdo firme, mientras que otros no descartan esa posibilidad, aunque sin expectativas de que avance. "Todas las variables están abiertas por el momento. Tampoco se descarta retirar los pliegos. No hay nada definido", indicó un colaborador del oficialismo.

Con la fecha límite del 30 de diciembre acercándose, el conflicto por las vacantes judiciales y la Corte Suprema sigue siendo un tema central en la agenda política, y el Gobierno no descarta tomar medidas drásticas para cubrir los cargos en medio de la polarización con la oposición y el kirchnerismo.