El Gordo Dan pidió a Milei meter presos a periodistas "por decreto", comparándolo con Alfonsín
El influencer libertario instó al Presidente a actuar contra la prensa con un falso paralelismo histórico. La comparación con el gobierno de Alfonsín fue desmentida.
En plena ofensiva del presidente Javier Milei contra los medios de comunicación, el influencer libertario Daniel Parisini, más conocido como "El Gordo Dan", agitó aún más la controversia al pedir que el mandatario "meta preso a algún periodista por decreto como hizo Alfonsín", en referencia a lo ocurrido durante el gobierno radical en 1985.
El comentario, difundido en redes sociales, fue rápidamente desmentido por especialistas e historiadores, que señalaron que Parisini tergiversó los hechos. Si bien el expresidente Raúl Alfonsín firmó el decreto 2049 en octubre de ese año, la medida se dio en el contexto de un estado de sitio y no fue un ataque directo a la libertad de prensa.
Qué ocurrió en 1985 y por qué el paralelo es falso
El decreto aludido por el influencer ordenó la detención de 12 personas por su presunta implicación en un complot golpista, luego de una serie de atentados con explosivos y amenazas a funcionarios del gobierno democrático. Entre los detenidos hubo militares retirados, como el general Guillermo Suárez Mason, y civiles, entre ellos el analista Rosendo Fraga y los periodistas Jorge Vago (de Prensa Confidencial) y Daniel Horacio Rodríguez (del diario La Prensa).
El caso fue ampliamente debatido en su momento, pero no se trató de una medida destinada a silenciar voces críticas ni a reprimir el ejercicio del periodismo. Fue una acción excepcional frente a amenazas reales a la institucionalidad democrática, y los involucrados recuperaron la libertad tiempo después.
Las palabras de "El Gordo Dan" se suman a un clima creciente de hostilidad del oficialismo hacia la prensa, en el que el propio Milei ha acusado a medios y periodistas de operar como parte de una supuesta "casta". La comparación con Alfonsín, símbolo de la recuperación democrática, fue vista por muchos sectores como un intento burdo de justificar posibles atropellos a la libertad de expresión.