Tras la conversión del Banco Nación en Sociedad Anónima, el Gobierno de Javier Milei dio un nuevo paso hacia la privatización de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT). A través del decreto 115/2025, publicado en el Boletín Oficial, se formalizó la transformación del complejo minero en una sociedad anónima, un paso clave para su futura venta a privados.

La medida fue impulsada por Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, y establece que el 95 % de las acciones quedarán en manos de la Secretaría de Energía, mientras que el 5% restante será gestionado por la Secretaría de Minería, ambas bajo la órbita del Ministerio de Economía que encabeza Luis Caputo.

Una empresa en crisis y con superpoblación laboral

YCRT enfrenta una compleja situación financiera y operativa. La mina de carbón y las dos centrales eléctricas que la componen arrastran problemas de superpoblación laboral, falta de inversión y gestión irregular desde hace años.

El decreto también establece que, en un plazo de 60 días prorrogables por 30 más, la nueva sociedad deberá presentar un plan de inversiones y un presupuesto ajustado para reducir los aportes del Tesoro Nacional.

En relación con los trabajadores, la normativa indica que pasarán a estar regidos por la Ley de Contrato de Trabajo, lo que implica un vínculo laboral de derecho privado.

Las tensiones políticas en torno a YCRT

El Gobierno informó de la decisión a Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz, provincia donde está ubicada la mina. Vidal logró que Pablo Sebastián Gordillo Arraigada, un hombre de su confianza, quede al frente de la intervención tras el despido de Thierry Decoud por sospechas de corrupción.

En la provincia temen que Santa Cruz termine haciéndose cargo de la mina y sus trabajadores, mientras que las centrales eléctricas, consideradas más rentables, pasen a manos privadas.

A pesar de las dificultades, el carbón extraído tiene demanda en el mercado internacional, especialmente en China, que requiere al menos 30.000 toneladas. Sin embargo, la producción actual apenas alcanza las 20.000 toneladas, lo que dificulta la viabilidad de la operación.

Con esta medida, el Gobierno de Milei busca reducir el déficit fiscal y avanzar en la privatización de las empresas estatales incluidas en la Ley Bases.