La República Argentina emitió un comunicado conjunto de la Cancillería y el Ministerio de Seguridad de la Nación, en el que rechaza de manera categórica las falsas e infundadas acusaciones realizadas por el dictador Nicolás Maduro contra el ciudadano argentino Nahuel Agustín Gallo. El presidente venezolano había señalado a Gallo de intentar afectar la seguridad de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, sin ofrecer pruebas que respalden sus graves afirmaciones.

El comunicado subraya que Nahuel Agustín Gallo ingresó a Venezuela de forma legal, cumpliendo con todos los protocolos migratorios establecidos. Durante su visita, presentó toda su documentación legal, notificó su domicilio y cumplió con cada uno de los requisitos previos a su viaje. A pesar de las acusaciones lanzadas por Maduro, el Gobierno argentino asegura que no existe evidencia que las sustente. Estas acusaciones, según el comunicado, son no solo falsas, sino también irresponsables y forman parte de una estrategia del régimen venezolano para desviar la atención de la grave crisis política, económica y social que atraviesa el país.

El escrito también expresa el firme rechazo del Gobierno de Argentina a estos actos, exigiendo la liberación inmediata e incondicional de Nahuel Agustín Gallo, con el compromiso de garantizar su integridad física y psíquica. Además, se exige el pleno respeto a los derechos humanos de Gallo, conforme a lo estipulado por el derecho internacional y los tratados bilaterales vigentes entre Argentina y Venezuela.

Recientemente, un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expuso de manera rigurosa las graves irregularidades cometidas por el régimen de Nicolás Maduro, que utiliza el aparato estatal como una herramienta de control político y social para perpetuarse en el poder. La CIDH también señaló cómo el régimen dificulta los esfuerzos de la oposición democrática, encabezada por el presidente electo Edmundo González Urrutia y la dirigente María Corina Machado.

En este contexto, el Gobierno argentino repudió estos atropellos y realizó un llamado a la comunidad internacional para que condene enérgicamente estos actos criminales y violatorios del derecho internacional.

El Ejecutivo reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho en la región. A su vez, informó que continuará impulsando acciones ante la Corte Penal Internacional (CPI) y otros organismos internacionales competentes para responsabilizar al régimen de Maduro por sus violaciones sistemáticas de los derechos humanos y el abuso de poder, con el objetivo de que estos actos sean debidamente investigados y sancionados.