El Gobierno anunció su intención de cerrar la Administración General de Puertos (AGP) y Corredores Viales, entidades que dependen del Ministerio de Economía. Un funcionario del Gabinete explicó a TN que estas empresas "multiplican funciones y atribuciones de otras secretarías". 

La AGP regula el puerto de Buenos Aires y cuenta con 581 empleados, y Corredores Viales tiene una plantilla de 3,565 trabajadores a cargo de las principales rutas y autopistas del país.

La decisión de cerrar estas entidades se inscribe en un contexto más amplio de reestructuración del sector público. El ministro de Economía, Luis Caputo, ya había anunciado la disolución del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), que emplea a 269 personas. Además, el Gobierno había cerrado la empresa Trenes Argentinos Capital Humano, lo que resultó en el despido de 1,388 empleados y un ahorro estimado de $42,000 millones anuales.

La reestructuración es parte de la estrategia del presidente Javier Milei, quien, tras la sanción de la Ley Bases, ahora tiene la facultad de eliminar funciones y ceder organismos a las provincias. Esta ley también establece que los empleados afectados por eliminaciones o modificaciones en sus áreas tendrán un año de sueldo garantizado, a la espera de ser reubicados o capacitados para nuevas tareas. Sin embargo, la incertidumbre sobre el futuro de estos trabajadores y sus familias es una preocupación creciente.

La AGP y Corredores Viales fueron criticadas por duplicar funciones de otras secretarías del Estado, como la Dirección Nacional de Vialidad y la subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante. 

El Ejecutivo considera que la eliminación de estas entidades permitirá una mayor eficiencia en la administración pública, pero la decisión generó inquietud entre los empleados y sus representantes.