El Gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial una normativa que establece que los funcionarios a cargo de diferentes áreas podrán recibir unidades retributivas adicionales en función del personal despedido. La resolución generó un fuerte rechazo por parte de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que anunció un paro con movilización para este jueves.

Incentivo por reducción de personal

La medida, publicada este miércoles, establece en su artículo 5° que se podrán asignar "unidades retributivas adicionales a las autoridades superiores incorporadas al régimen de Gabinete de Asesores" en base al "ahorro presupuestario generado por la reducción de dotación de personal". La decisión administrativa fue firmada por la Jefatura de Gabinete y deberá contar con la intervención de la Secretaría de Transformación del Estado y la Subsecretaría de Presupuesto del Ministerio de Economía.

El valor actual de la Unidad Retributiva (UR) es de $783. Según cálculos sindicales, en la Secretaría de Trabajo, donde la dotación de empleados pasó de 3.600 a 2.900 en 2023, se generarían más de 64.000 UR adicionales, lo que equivale a casi $52 millones a distribuir entre las autoridades superiores.

Reacciones y movilización de ATE

Desde el Ejecutivo defendieron la medida argumentando que "forma parte de la estrategia de racionalización del gasto público". Aclararon que los ministros y secretarios no pueden recibir estas unidades y que su distribución responde a criterios objetivos como la estructura y cantidad de empleados de cada ministerio.

Sin embargo, ATE calificó la decisión como "escandalosa" y convocó a una huelga con movilización para el jueves. Rodolfo Aguiar, secretario general del gremio, sostuvo: "Le están pagando a algunos funcionarios para hacer el trabajo sucio de destruir el Estado. Hasta en el sector privado los premios son por productividad, no por despedir empleados".

Nueva ola de despidos en el Estado

El conflicto se agrava debido a que el 31 de marzo vencen 50.000 contratos en la administración pública. ATE exige su renovación automática y la reapertura de paritarias, alegando que los salarios han quedado por debajo de la inflación. En este contexto, la CGT ya convocó a un paro general para el 10 de abril, al que se sumarán otros gremios estatales como UPCN.