El Gobierno nacional analiza distintas alternativas legales para prorrogar por al menos tres meses las facultades delegadas que obtuvo con la Ley Bases. Estas atribuciones, que vencen el 8 de julio, permiten avanzar con la reforma del Estado, incluyendo la eliminación, fusión o transformación de organismos públicos, empresas estatales y fondos fiduciarios.

Dado el escaso margen político en el Congreso para aprobar una prórroga, en la Casa Rosada estudian avanzar por decreto, pese a que la medida podría judicializarse. La estrategia seguiría el camino del DNU 179/2025, con el que se acordó con el FMI y que fue validado solo por Diputados. En este caso, el Gobierno apelaría al artículo 99 de la Constitución Nacional, que habilita decretos de necesidad y urgencia salvo en ciertas materias.

Un escenario complejo en el Congreso y un plan alternativo

Según fuentes oficiales, hay bajas probabilidades de consensuar con los bloques aliados una ampliación de plazos a través de una nueva ley. Por eso, no planean reactivar el Congreso antes de las elecciones legislativas de medio término. La mesa política del oficialismo reconoció que "no estamos en condiciones de llegar a ese tipo de acuerdos".

Por eso, los equipos técnicos ya preparan los fundamentos legales de un posible DNU. Citan fallos de la Corte Suprema, como el caso "Verocchi", que avala el uso de esta herramienta en situaciones que requieren una solución inmediata.

Las reformas que dependen de las facultades

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, tiene pendiente una batería de medidas que dependen de las facultades delegadas: la eliminación de 24 organismos, la fusión de 15 estructuras, la transformación de 16 entes y la derogación de más de 40 leyes. También se planea disolver todos los fondos fiduciarios, salvo el que subsidia el consumo residencial de gas.