El Gobierno decidió modificar su estrategia de seguridad para la marcha de jubilados y no aplicará el protocolo antipiquetes. Según fuentes oficiales, las fuerzas federales se posicionarán detrás del vallado instalado en las inmediaciones del Congreso y evitarán cualquier enfrentamiento con los manifestantes. "Las calles estarán cortadas y se avanzará con un esquema de prevención", indicaron desde Nación.

Controles reforzados en accesos a la Ciudad

Como parte del operativo, la Casa Rosada reforzará los controles en los ingresos ferroviarios y viales a la Ciudad de Buenos Aires, con la colaboración de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). El despliegue estará a cargo del comando unificado, integrado por Gendarmería, Policía Federal, Prefectura y la Policía Aeroportuaria.

En Balcarce 50 descartan la presencia de barrasbravas y buscan evitar incidentes similares al ocurrido con el periodista Pablo Grillo, quien sufrió una fractura de cráneo por el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno en una manifestación anterior. Desde el Ejecutivo comparan el operativo con el que se implementa en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso cada 1° de marzo.

Acciones ante posibles disturbios

El Gobierno advirtió que reprimirá cualquier intento de derribar las vallas de seguridad y, en caso de enfrentamientos, se utilizarán camiones hidrantes para dispersar a los manifestantes.

Este martes, el asesor presidencial Santiago Caputo encabezó una reunión en Balcarce 50 para definir los detalles del operativo. Participaron la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el secretario de Inteligencia del Estado (SIDE), Sergio Neiffert; el jefe de operaciones de Inteligencia, Diego Kravetz; el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, y el secretario de Transporte, Franco Mogetta.

Desde el Ejecutivo aseguran que se desplegarán más de 1.000 agentes federales en conjunto con la Policía de la Ciudad. También se anticipa que serán detenidas todas aquellas personas que "incurran en conductas que afecten la seguridad", amparándose en el artículo 94 del Código Penal.

El Gobierno no espera la participación de manifestantes extranjeros y argumenta que la coordinación con la SIDE responde a la necesidad de adelantarse a posibles amenazas o riesgos que puedan afectar la seguridad interior. La Ley de Inteligencia Nacional (25.520) establece que el organismo puede actuar en casos de "hechos, amenazas, riesgos y conflictos" que representen un peligro para la Nación.