El Gobierno nacional avanza con la redacción final de un decreto presidencial que dará inicio a la privatización parcial de Aguas y Saneamientos Argentinos (AYSA), una de las empresas estatales más importantes del país. La iniciativa contempla un modelo mixto: parte de las acciones se licitarán públicamente, mientras que otra porción será colocada en la Bolsa de Comercio.

Desde el Ejecutivo confirmaron que los pliegos están en etapa final y que pronto se oficializará el proceso. La intención es que el Estado deje de tener el control absoluto, aunque aún conservaría una participación relevante.

Qué es AYSA y cuál es su alcance operativo

AYSA fue creada en 2006 y se encarga de proveer agua potable y servicios cloacales a la Ciudad de Buenos Aires y a 26 municipios del conurbano bonaerense. Hoy, el Estado controla el 90% de la compañía y el 10% restante pertenece a los empleados, a través de un programa de participación accionaria.

Con una estructura que abarca más de 3.360 km², la empresa presta servicios a más de 3,7 millones de usuarios entre residenciales y no residenciales. Opera tres plantas potabilizadoras, más de 20 depuradoras y cerca de 200 estaciones de bombeo, entre otras instalaciones. Actualmente, cuenta con 6.344 empleados tras una reducción de personal impulsada este año por el Gobierno.

Números que explican la decisión oficial

En 2023, AYSA tuvo ingresos por más de $934 mil millones, de los cuales $790 mil millones provinieron de operaciones y el resto de aportes del Tesoro Nacional. Los gastos fueron de $775 mil millones, incluyendo remuneraciones, bienes y servicios, y una importante inversión en infraestructura.

Durante el tercer trimestre de 2024, se destinaron más de $186 mil millones a obras clave, como la ampliación de la planta en Bernal, el Río Subterráneo Sur y proyectos en La Matanza, Berazategui, Hurlingham y el sistema Riachuelo.

Privatizaciones en marcha y supervisión legislativa

La movida sobre AYSA se enmarca en una estrategia más amplia de reducción del peso estatal en empresas públicas. Ya se iniciaron procesos de privatización en firmas como Belgrano Cargas, Corredores Viales, Intercargo y Enarsa, y hay otras en evaluación, como SOFSE.

El equipo de la Agencia de Transformación de las Empresas Públicas, liderado por Diego Chaher, está a cargo de diseñar los pliegos. El Fondo Monetario Internacional (FMI) también sigue de cerca el tema, y sugirió tener un cronograma definido antes de fin de año.

Cualquier venta deberá pasar por la Comisión Bicameral de Seguimiento de Privatizaciones del Congreso, con control adicional de la Auditoría General de la Nación y la SIGEN, que deberán auditar la situación financiera y legal de cada empresa.