El brutal informe de Amnistía Internacional sobre la gestión del gobierno de Milei

El organismo alertó por el protocolo antipiquetes del Ministerio de Seguridad y el despliegue de las fuerzas en las marchas. Preocupación por los jubilados, la falta de acceso a la información y la cibervigilancia.

Amnistía Internacional lanzó su informe 2025 sobre el estado de los derechos humanos en el mundo, y Argentina no salió bien parada. Bajo el título "12 meses de gestión, 12 derechos perdidos", el capítulo dedicado al país señala un "retroceso profundo y acelerado" durante el primer año del gobierno de Javier Milei.

Desde represión a la protesta hasta vigilancia digital, el informe advierte sobre el impacto de las políticas de ajuste y el endurecimiento del aparato estatal frente a la disidencia.

Represión, ajuste y control: los ejes del informe

La organización internacional cuestionó especialmente el uso del "Protocolo Anti-Piquetes", impulsado por el Ministerio de Seguridad, que legitima el uso excesivo de la fuerza durante manifestaciones. Según Amnistía, esto forma parte de una estrategia general de criminalización del disenso y reducción de los espacios democráticos.

También se denunciaron:

  • Ataques a la libertad de expresión y al acceso a la información pública.

  • Persecución a periodistas críticos, con discursos estigmatizantes desde el poder.

  • Recortes profundos en derechos económicos y sociales, afectando principalmente a jubilados, personas en situación de pobreza y trabajadores del Estado.

"La respuesta del Gobierno ante la protesta pacífica y la crítica pública evidencia un giro autoritario que pone en riesgo la convivencia democrática", alertó Mariela Belski, directora de Amnistía Argentina.

El brutal informe de Amnistía Internacional sobre la gestión del gobierno de Milei

Cibervigilancia y derechos bajo amenaza

Otro punto preocupante del informe fue el avance de la cibervigilancia estatal, impulsada -según Amnistía- bajo el argumento de mejorar la seguridad. El uso de tecnologías de inteligencia artificial y bases de datos oficiales para perfilar ciudadanos, advierten, podría derivar en violaciones a la privacidad, discriminación y control social masivo.

"El Estado ya recopila datos sensibles a través de ANSES, AFIP y RENAPER. Sumado al monitoreo de redes sociales y dispositivos personales, se configura un escenario peligroso para los derechos digitales", concluye el documento.

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