Este martes, la Cámara de Diputados debate la posible creación de una comisión investigadora especial que evalúe la conducta de los legisladores de La Libertad Avanza que el 11 de julio visitaron a represores condenados por delitos de lesa humanidad en el Penal de Ezeiza. La Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, junto con la Comisión de Asuntos Constitucionales, se encuentran reunidas para definir el formato de la eventual comisión y su alcance.

Entre los diputados que participaron en la controvertida visita se encuentran Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, María Fernanda Araujo, Alida Ferreyra Ugalde, Rocío Bonacci y Lourdes Arrieta. Esta última, impulsora de la comisión investigadora, fue expulsada del bloque oficialista tras declarar que había sido engañada para asistir a la visita.

El plenario, presidido por Silvia Lospenatto y María Eugenia Vidal, analiza proyectos presentados por la propia Arrieta, Germán Martínez (Unión por la Patria), y Vanina Biasi (Frente de Izquierda), todos con el objetivo de crear un grupo investigador. Vanina Siley, también de Unión por la Patria, exigió que sean las comisiones permanentes las encargadas de investigar lo ocurrido, en lugar de crear una nueva comisión especial.

Las opciones que manejan los legisladores este martes incluyen la emisión de un dictamen para la creación de la comisión o dejar en manos de la Comisión de Asuntos Constitucionales el análisis de la conducta de los diputados involucrados. Esta última comisión tiene la facultad, según la Constitución Nacional, de analizar la posible exclusión de un miembro del cuerpo por "inhabilidad moral".

Unión por la Patria y el Frente de Izquierda solicitaron que los diputados libertarios involucrados en la visita renuncien a sus bancas, mientras que el PRO, la Coalición Cívica y Hacemos Coalición Federal se inclinan por impulsar un repudio en la Cámara, sin aplicar sanciones más severas.

El último precedente de una comisión similar se dio durante la pandemia, cuando el legislador Juan Emilio Ameri debió renunciar tras un escándalo ocurrido durante una videoconferencia. Otro caso notable fue en 2021, cuando Alberto Vivero (Unión por la Patria) fue sancionado por un altercado con Fernando Iglesias (PRO), y tuvo que pedir disculpas públicas.