Crisis en Tierra del Fuego: fábricas paralizadas tras la baja de aranceles a celulares
La reducción de impuestos a la importación de tecnología generó tensión en Tierra del Fuego. Gremios exigen garantías laborales mientras se reabre el debate por un régimen industrial que le cuesta al Estado más de US$1000 millones anuales.
La decisión del Gobierno nacional de reducir los aranceles a los celulares importados desató una fuerte crisis en Tierra del Fuego. Los sindicatos paralizaron las fábricas durante 24 horas en defensa de la producción local, mientras las principales empresas del sector advierten que la continuidad de la fabricación nacional está en riesgo.
La medida oficial contempla la baja del arancel del 16% al 8%, con una eliminación total prevista para enero de 2026. En paralelo, se redujeron los impuestos internos de productos electrónicos fabricados en el país, aunque los ensamblados en Tierra del Fuego quedaron exentos de esos tributos. Aun así, las plantas temen un escenario de competencia desigual.
"La baja de derechos hace inviable la fabricación de celulares en Argentina", advirtió Luis Galli, CEO de Newsan, una de las empresas líderes del sector junto a Mirgor, que juntas concentran más del 80% del mercado. La industria electrónica fueguina genera actualmente unos 8500 empleos directos.
El régimen que divide opiniones y le cuesta al país más de US$1000 millones
El régimen industrial de Tierra del Fuego, vigente desde 1972, permite que las empresas allí radicadas estén exentas del pago de impuestos nacionales. La intención original fue poblar la isla -que pasó de tener 13.000 habitantes a más de 180.000- y fomentar el desarrollo económico.
Sin embargo, el sistema está nuevamente bajo la lupa. Según el think tank Fundar, el costo fiscal asciende a US$1070 millones anuales, mientras que el esquema no exige valor agregado: el beneficio fiscal se otorga por ventas y no por producción genuina.
"El modelo actual favorece la importación de insumos antes que su fabricación local", señalan desde Fundar, lo que reduce el impacto positivo del régimen sobre la economía real de la isla.
Desde la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE), su directora Ana Vainman reconoció que "el verdadero impacto se sentirá en 2026, cuando se eliminen por completo los aranceles". Mientras tanto, crece la tensión entre Nación y la provincia.
