A pesar de tener un avión destinado lujosamente al Gobierno, días atrás, Javier Milei viajó a Sun Valley en un jet privado que alquiló por 350.000 dólares. El presidente utilizó la misma maniobra para viajar a Francia, con un precio similar. El avión en cuestión es de la empresa Flyzar, entidad de Gerardo Eskenazi, miembro de la familia que fue dueña de YPF. 

En una lucha entre codicia, sospechas, e intereses, el avión presidencial está quieto en la cabecera sur de Aeroparque. Los motivos parecen atraer cuestiones internas de Gobiernos anteriores. 

La historia del nuevo avión presidencial comenzó tiempo atrás, cuando el gobierno de Alberto Fernández inició el proceso de adquisición. Desde el 25 de mayo del año pasado, cuando la aeronave realizó una pasada rasante sobre la pista del aeropuerto porteño, todo ha sido una verdadera novela. Sergio Massa junto a Máximo Kirchner, lo estrenaron en un viaje a China; posteriormente, lo utilizó Alberto Fernández, y finalmente, empezó a ser usado por Milei. Sin embargo, el avión ya no puede volar.

Actualmente, el avión solo tiene autorización para un último vuelo hacia un taller donde debe someterse a una inspección mayor conocida como "1C Check". Este chequeo no se programó con la debida anticipación, hubo una licitación sospechosa que fue anulada, y nadie solicitó el turno para la revisión. Como resultado, el presidente se quedó sin avión, una situación que, según pronostican en la industria, se prolongará por varios meses. Esta cadena de torpezas y sospechas ha dejado al Gobierno en una posición incómoda, mientras que todos los costos continúan siendo cubiertos con fondos oficiales.

El avión presidencial está estacionado en Aeroparque, sin permiso para volar. Entre los responsables, se destaca Florencia Gastaldi, a cargo de la Dirección General de Logística, un organismo encargado del manejo de la flota aérea presidencial, bajo la órbita de la Secretaría General, liderada por Karina Milei. Otro nombre es el de Luis Pinto, un piloto que solía transportar a Fernández y que se retiró de la administración pública en noviembre pasado, aunque mantuvo sus lazos con Gastaldi.

A este grupo se suma Agustín Expósito, director Nacional de Seguimiento Operativo y Gestión de la Subsecretaría de Planificación General, un joven de poco más de 24 años sin experiencia en flota de aviones, quien llegó al Gobierno de la mano de María Belén Agudiez, subsecretaria de Planificación General y persona de confianza de la hermana del presidente. De todos ellos depende el ARG-01, ahora en tierra por un tiempo prolongado.

Gastaldi, abogada de 36 años, llegó en 2011 a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) recomendada por Gregorio Dalbón, abogado de Cristina Kirchner. En el organismo, ingresó en el departamento de Licencias, encargado de emitir credenciales para pilotos y tripulantes. En 2022, pasó a la Dirección General de Logística como asistente en la Dirección de Agrupación Aérea. Su designación llamó la atención ya que no contaba con una vasta experiencia técnica en el área. Un año después, en agosto de 2023, fue nombrada directora General de Logística, reemplazando a Leonardo Barone, quien dejó su puesto tras la polémica por la llegada del ARG-01 con un vuelo rasante.

Tras aquella controversia, Gastaldi asumió la gestión de la flota operativa, que incluía tres helicópteros Sikorsky y tres aviones: un Learjet 60, un Boeing 737 y un Boeing 757. Antes de renunciar, Barone había iniciado un proyecto técnico para realizar la inspección mayor "1C Check", necesaria para el mantenimiento de la aeronave. Este tipo de revisión requiere planificación anticipada, ya que los talleres suelen estar ocupados y se debe desprogramar los aviones con tiempo.

Sin embargo, dicha iniciativa quedó en el olvido. Gastaldi, en funciones desde agosto, dejó pasar el tiempo hasta el 1 de diciembre de 2023, una semana antes del fin del mandato de Fernández. En ese momento, abrió una licitación para que una veintena de empresas cotizaran el famoso "1C Check", una inspección que requiere revisar 500 ítems y, una vez abierto el avión, decidir y cotizar qué se debe cambiar.

TRATAR DE RESOLVER TODO EN 96 HORAS

Al darse con este gran inconveniente, Gastaldi llamó a la licitación donde intervienen financistas, ingenieros y técnicos solamente en 96 horas. Este dato llamó la atención de los implicados, ya que al ser un avión, las cosas deberían ser más mediadas y prolongadas. El asunto debía estar terminado el 8 de diciembre de 2023, último día hábil de la anterior gestión, y a pesar de los pedidos de prórroga, no hubo caso. 

Sorpresivamente, una empresa logró lo solicitado por Gastaldi: Xtreme Aviation LLC. La situación irregular llevó a una denuncia penal presentada por Pablo Noceti, exfuncionario de Patricia Bullrich durante el gobierno de Mauricio Macri. Esta denuncia, con número de sorteo 4422/2023, fue asignada el 14 de diciembre de 2023 al juzgado de Ariel Lijo.

 Finalmente, la licitación inicial fue anulada y se procedió a abrir una nueva. Mientras tanto, el avión seguía en servicio para el presidente. Sin embargo, en marzo, el certificado de aeronavegabilidad expedido por el fabricante, Boeing, expiró. Desde las oficinas de Florencia Gastaldi, junto con funcionarios de la Fuerza Aérea asignados a Presidencia, solicitaron una extensión del certificado. Tras realizar algunos chequeos, se concedió una prórroga de algo más de tres meses. Este tiempo adicional corresponde solo al 10% de la duración del certificado original, que es de tres años. 

En abril, se presentó una nueva denuncia penal contra Florencia Gastaldi (número 1623/24). Esta vez, se le acusó de alquilar espacios en la plataforma del sector sur del Aeroparque. Además, otra causa penal la involucró junto a Gastón Caciano. Santiago Dupuy de Lomé, abogado conocido por sus investigaciones en casos de corrupción, argumentó que hubo negociaciones incompatibles, ya que Gastaldi habría utilizado su influencia para remover al responsable de Control del Fuego, quien se negó a firmar horas de vuelo no realizadas por la empresa Helicópteros del Pacífico, donde Caciano supuestamente es director de operaciones.

LAS GIRAS DE MILEI EN EL AVIÓN PRESIDENCIAL

Con el certificado de excepción vigente, Milei utilizó el avión en múltiples ocasiones, siendo este el período de mayor actividad. Mientras se agotaba este tiempo, se inició otra licitación para el chequeo del avión. Varias empresas participaron, entre ellas Commercial Jet Inc, Alpha Aviation, Xtreme Aviation y Servicios Aeronáuticos Quintana.

Commercial Jet era la única que cumplía con los requisitos técnicos. En un dictamen firmado por Gastaldi (N° IF-2024-60145731-APN), se reconoció que esta empresa cumplía con la parte técnica, pero fue desestimada porque la oferta de mantenimiento era por 10 días en lugar de los 60 requeridos. Así, la licitación fue declarada desierta nuevamente.

En medio de este proceso, un allegado a los servidores públicos que asisten al Presidente en sus vuelos habría enviado un mensaje a la empresa con más posibilidades de ganar en Estados Unidos, afirmando ser el único capaz de asegurar la adjudicación. Sin embargo, no hubo respuesta y la licitación se cayó. El 23 de junio, el ARG-01 voló de Berlín a Praga y luego a Recife para una escala técnica, aterrizando finalmente en el Aeroparque Jorge Newbery el 25 de junio. Al día siguiente, venció el certificado de aeronavegabilidad y el avión quedó inmovilizado. Ahora se requieren otras intervenciones, como contratar un servicio para la preservación de la aeronave.

Fuentes oficiales del Gobierno declararon que el avión no estará muchos meses parado y no se va a dejar caer. Confirmaron que la Fuerza Aérea está trabajando con los funcionarios civiles y ratificaron a Gastaldi en su puesto, destacando su idoneidad.

Ante la imposibilidad de utilizar el avión presidencial, el Gobierno alquiló un Gulfstream, con un costo aproximado de 350.000 dólares por cada viaje a Estados Unidos o Europa, dependiendo de las horas de vuelo. Actualmente, Milei se encuentra en Francia, donde participará en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos y tiene programada una reunión bilateral con Emmanuel Macron.

En la Casa Rosada, comentaron sobre el avión alquilado: "No sabemos de quién es el avión, contratamos a una empresa que es de Carmona". Sin embargo, se sabe que la lujosa aeronave pertenece a la familia Eskenazi, exdueña de YPF, involucrada en una operación que aún afecta a Argentina, con una sentencia en su contra por más de 15.000 millones de dólares en Nueva York.