El juez federal Sebastián Casanello ordenó la inhibición general de bienes del expresidente Alberto Fernández, otras 50 personas y empresas investigadas por presunta corrupción en la contratación de seguros durante su gobierno. Esta medida impide la venta o disposición de bienes y el acceso a cajas de seguridad. La misma ya había sido dispuesta por Julián Ercolini en 2023, pero fue luego revocada por la Cámara Federal.

Entre los alcanzados por la medida se encuentran el ex titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano; los brokers Héctor Martínez Sosa y Pablo Torres García; María Cantero, secretaria de Fernández; y firmas como Bachellier, San Ignacio y San Germán. Según la causa, estas empresas cobraron comisiones millonarias tras un decreto presidencial que otorgó el monopolio de los seguros al Estado.

Un entramado de cooperativas, fideicomisos y desvío de fondos

La investigación reveló la utilización de cooperativas como "7 de Mayo" e "Irigoin Ltda." para desviar fondos mediante facturaciones simuladas. Solo la primera habría recibido casi $377 millones de ocho aseguradoras, de los cuales $239 millones provinieron de San Ignacio, la empresa elegida por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES, mediante una nota enviada fuera del sistema oficial por Federico D'Angelo.

Además, se descubrieron transferencias hacia fideicomisos inmobiliarios como Flumine, Libertador 5958 y Links Country de Mar. Uno de los movimientos más llamativos fue el intento del ex gerente general de Nación Seguros, Mauro Tanos, de recuperar dinero con fondos propios y luego ceder un boleto de compraventa por USD 270.000. También se identificaron pagos por casi $15 millones al Club Atlético River Plate por plateas y estacionamientos durante cinco años.

Casanello justificó la medida señalando que "hay motivo bastante para sospechar que han participado en la comisión de un delito", en el marco de una causa por criminalidad económica y corrupción.