El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, junto con el juez Gonzalo Ortega y los fiscales Carlos Sale, Ignacio López Bustos y Pedro Gallo, fueron blanco de amenazas vinculadas al narcotráfico. Según fuentes judiciales, los mensajes intimidatorios habrían sido enviados desde el Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz, en Buenos Aires.

La grave situación motivó una rápida respuesta de las fuerzas de seguridad. Durante la madrugada del martes, se realizaron múltiples allanamientos en distintos puntos de la provincia, con un saldo de 97 detenidos. Los operativos estuvieron a cargo del ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, y el jefe de Policía, Joaquín Girvau.

La Justicia, por su parte, investiga la conexión entre los detenidos y los mensajes enviados desde la cárcel.

  Desde el Ejecutivo provincial, el ministro de Seguridad Eugenio Agüero Gamboa confirmó en Los Primeros que la ciudadanía debe quedarse tranquila.  "No vamos a permitir que se ataque a las instituciones", resaltó y agregó que se realizarán todos los trabajos dentro del marco de la Ley. 

Según confirmó el ministro de Seguridad, el autor de las amenazas está cumpliendo una sentencia por homicidios en la cárcel de Marcos Paz. 

Por otra parte, la periodista Mariana Romero informó en Radio Ciudad, que el recluso, condenado por tres homicidios y con presuntos vínculos con el narcotráfico, tomó esta decisión tras el suicidio de su hijo, quien padecía problemas de adicción. Fuentes cercanas al caso indicaron que Figueroa intentó obtener un permiso especial para asistir al sepelio en Tucumán, pero su solicitud fue rechazada por las autoridades.

La negativa habría desencadenado su reacción, generando amenazas contra el gobernador Osvaldo Jaldo, el juez Gonzalo Ortega y los fiscales Carlos Sale, Ignacio López Bustos y Pedro Gallo. Los mensajes intimidatorios, enviados presuntamente desde la cárcel, llevaron a las fuerzas de seguridad a desplegar un operativo de gran magnitud en la provincia.