El Gobierno nacional resolvió extender el plazo para que los organismos estatales presenten un listado con las normas que podrían ser derogadas por haber quedado obsoletas, innecesarias o redundantes. La medida responde a un pedido formal de diversas dependencias que advirtieron la complejidad y magnitud de la tarea.

La prórroga, de 120 días corridos, fue establecida a través de la Resolución 32/2025, publicada por la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, que depende del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger.

Una revisión normativa sin precedentes

La iniciativa se enmarca en lo dispuesto por el Decreto 90/2025, que ordena a todas las entidades comprendidas en el artículo 8° de la Ley 24.156 a identificar normativas vigentes -incluyendo leyes, decretos, resoluciones y disposiciones- que puedan ser eliminadas del marco legal por entorpecer el funcionamiento del Estado o afectar la libre competencia.

Desde el ministerio explicaron que se partió de un universo normativo inicial de 74.171 decretos, pero con el avance del relevamiento se detectó que existen más de 705.400 decretos firmados. Hasta febrero de 2025, solo se habían revisado 55.045, lo que representa apenas el 7,5 % del total.

El Gobierno remarcó que la depuración normativa apunta a construir un Estado más eficiente, eliminar trabas innecesarias a la producción y garantizar mayor claridad legal. "La proliferación normativa ha generado superposición, desactualización y dispersión de normas, lo que provoca inseguridad jurídica para los ciudadanos y los operadores del derecho", se indicó.

Entre los criterios para identificar normas susceptibles de derogación se incluyen: redundancia, creación de trámites innecesarios, distorsión de precios, barreras al mercado, constitución de monopolios artificiales o generación de sobrecostos sin justificación en un interés público claro.

El Ejecutivo confía en que esta reforma normativa facilitará los procesos, mejorará la transparencia estatal y dinamizará la economía mediante la eliminación de obstáculos regulatorios que dificultan el desarrollo del sector privado.