Histórica amnistía en Venezuela: 379 opositores detenidos serán liberados
La excarcelación de opositores se da durante la presidente Delcy Rodríguez, quien asumió tras la detención de Nicolás Maduro.
La justicia de Venezuela decidió otorgar la libertad a 379 personas detenidas por causas políticas, un día después de que la Asamblea Nacional aprobara una ley de amnistía considerada histórica, en el marco de la actual transición política en el país caribeño.
La medida fue anunciada anoche y se espera que las excarcelaciones se concreten durante la mañana de este sábado.
El diputado Jorge Arreaza, quien lidera la comisión encargada de implementar la nueva normativa, indicó que el Ministerio Público ya remitió al Poder Judicial las solicitudes para aplicar la liberación a estas 379 personas, en cumplimiento de la ley aprobada por unanimidad en la Cámara legislativa.
Te puede interesar | Donald Trump anunció que visitará Venezuela
La medida responde a la puesta en marcha de una Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática que fue sancionada por la Asamblea Nacional controlada por el oficialismo, con el objetivo de perdonar y dejar sin efecto las causas penales por motivos políticos que se iniciaron entre 1999 y 2026.
El texto de la ley fue debatido en medio de presión de familiares de detenidos, quienes realizaron protestas y huelgas de hambre exigiendo la libertad de sus allegados, y fue respaldado sin votos en contra por los parlamentarios presentes.
La amnistía no es automática en todos los casos: las solicitudes deben ser evaluadas por los tribunales correspondientes antes de ordenar la excarcelación, lo que implica un proceso judicial que debe completarse caso por caso.
Las liberaciones forman parte de un intento por reconfigurar el escenario institucional tras cambios recientes en el poder, bajo el liderazgo de la presidenta interina Delcy Rodríguez, quien ha defendido la amnistía como un paso hacia una "Venezuela más democrática y justa".
A pesar de la celebración que representa la excarcelación de estos 379 presos políticos, grupos de derechos humanos y sectores de la oposición han expresado cautela y críticas, señalando que la ley excluye a quienes cometieron ciertos delitos graves o participaron en acciones armadas, y que aún queda una parte significativa de personas privadas de libertad por razones políticas fuera de los beneficios inmediatos.