En su primera semana al mando, Donald Trump comenzó a hacer realidad una de sus promesas de campaña: la deportación masiva de inmigrantes ilegales en Estados Unidos. 

El Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) llevó a cabo operaciones a lo largo del país, culminando en la detención de 538 personas el jueves, una cifra que casi duplica el promedio diario de arrestos registrado en septiembre de 2024, según confirmó un portavoz de ICE a NBC News.

En Massachusetts, se reportaron arrestos en Chelsea y East Boston. La gobernadora Maura Healey manifestó su apoyo a los arrestos de individuos con antecedentes penales, independientemente de su estatus migratorio. "No los describiría como redadas", aclaró Healey, añadiendo que "lo que parece ser, y lo que esperábamos y lo que apoyo, es la aprehensión de los criminales en nuestras comunidades". Hasta ahora, no está claro cuántos de los detenidos tienen antecedentes criminales, aunque la administración Trump ha enfatizado que su enfoque está en los migrantes con prontuario.

Inicio de los vuelos de deportación

El Departamento de Seguridad Nacional anunció que ICE ahora puede realizar arrestos en lugares protegidos como escuelas e iglesias, una política que revierte las restricciones impuestas por administraciones anteriores. "Los delincuentes ya no podrán esconderse en las escuelas e iglesias de Estados Unidos para evitar el arresto", indicaron. 

Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, utilizó X para anunciar el comienzo de los vuelos de deportación, haciendo hincapié en el mensaje de Trump: "El presidente Trump está enviando un mensaje fuerte y claro al mundo entero: si entras ilegalmente en los Estados Unidos de América, enfrentarás graves consecuencias".

El primer vuelo salió desde el aeródromo del Ejército de Biggs en El Paso, Texas, con casi todos sus 81 asientos ocupados. Sin embargo, estas acciones no han estado exentas de controversia. El alcalde de Newark, Ras J. Baraka, denunció que ICE "asaltó" un negocio local, deteniendo a residentes indocumentados y hasta ciudadanos sin orden judicial, incluido un veterano cuya documentación militar fue cuestionada. Baraka describió esto como "una clara violación de la cuarta enmienda de la Constitución de Estados Unidos".