Un giro radical en la política antidrogas de EE.UU.

El presidente Donald Trump firmó en secreto una directiva que autoriza al Pentágono a emplear la fuerza militar contra ciertos cárteles latinoamericanos, a los que su administración cataloga como organizaciones terroristas.

La orden -según revelaron fuentes cercanas a las negociaciones- marca la acción más agresiva hasta la fecha en la cruzada de Trump para frenar el tráfico de fentanilo y otras drogas ilegales, pasando de un enfoque policial a uno militar.

Este cambio de doctrina abre la puerta a operaciones de captura o eliminación directa de objetivos en alta mar o en territorio extranjero, incluso en países con los que EE.UU. no esté formalmente en guerra.

Cárteles bajo la lupa: de México a Venezuela

En febrero, el Departamento de Estado declaró terroristas al Tren de Aragua, a la Mara Salvatrucha (MS-13) y a otros grupos, argumentando que representan "una amenaza a la seguridad nacional más allá del crimen organizado tradicional".

Hace apenas dos semanas, el gobierno sumó al Cártel de los Soles, vinculado al presidente venezolano Nicolás Maduro, a la lista de organizaciones terroristas globales especialmente designadas. Al mismo tiempo, el Departamento de Justicia elevó la recompensa por la captura de Maduro a 50 millones de dólares, acusándolo de narcotráfico.

Trump ha apuntado especialmente a organizaciones mexicanas y venezolanas. Durante su campaña de 2024, prometió "declarar la guerra" a los cárteles, incluso con el despliegue de fuerzas de Operaciones Especiales y la Armada.

Legalidad y controversia internacional

El uso de militares estadounidenses en acciones letales fuera de conflictos autorizados por el Congreso despierta fuertes cuestionamientos. La Ley Posse Comitatus de 1878 prohíbe el uso del Ejército para funciones policiales internas, mientras que el derecho internacional impide operaciones armadas en territorio extranjero sin consentimiento del país afectado.

Expertos advierten que, fuera de un marco de legítima defensa inminente, las ejecuciones selectivas podrían considerarse asesinatos prohibidos por una orden ejecutiva vigente desde la década de 1970.

El contralmirante retirado James E. McPherson calificó de "grave violación del derecho internacional" atacar en suelo ajeno sin autorización, aunque aclaró que las restricciones no aplican a embarcaciones sin bandera en aguas internacionales.

Antecedentes históricos: de Noriega a la guerra contra el narco

No sería la primera vez que Washington recurre a las Fuerzas Armadas contra el narcotráfico en Latinoamérica.

• 1989: George H.W. Bush ordenó la invasión de Panamá para capturar a Manuel Noriega.

• Década de 1990: EE.UU. colaboró con Colombia y Perú en derribos de aeronaves sospechosas, operación suspendida por riesgo legal.

• Siglo XXI: programas de cooperación con Colombia, México y Honduras, que incluyeron entrenamiento, equipamiento y apoyo aéreo.

La novedad en la directiva de Trump es que el Ejército pasaría de un rol de apoyo a la policía a protagonizar acciones ofensivas directas.

Espionaje y operaciones encubiertas

Bajo su segundo mandato, Trump ha intensificado los vuelos de vigilancia con drones sobre México para detectar laboratorios de fentanilo. Aunque la CIA no tiene autorización para ataques letales, comparte la información con autoridades mexicanas.

El Comando Norte, por su parte, ha ejecutado más de 330 vuelos de reconocimiento sobre la frontera usando aeronaves como U-2, RC-135 Rivet Joint, P-8 y drones.

Una escalada con impacto regional

La propuesta de Trump para que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, permitiera operaciones militares estadounidenses en su territorio fue rechazada en abril. Sin embargo, con la nueva directiva, Washington busca ejercer presión máxima sobre gobiernos y organizaciones que considere parte del entramado narco.

Marco Rubio, secretario de Estado y asesor de seguridad nacional, lo resumió así:

"Tenemos que tratarlos como organizaciones terroristas armadas, no simplemente como narcos".

La pregunta ahora es hasta dónde está dispuesto EE.UU. a llegar, y si esta política abrirá un nuevo capítulo de tensiones diplomáticas y desafíos legales.