Tensión en Bolivia: el Gobierno admite que no puede ingresar al bastión de Evo Morales

La región del Trópico de Cochabamba, donde se refugia el exmandatario, vive una escalada de violencia y mantiene fuera a la Policía por falta de garantías.

El Gobierno boliviano confirmó que la Policía no regresará, por ahora, al Trópico de Cochabamba, zona históricamente vinculada al expresidente Evo Morales. La decisión se fundamenta en la falta de condiciones mínimas para garantizar la seguridad tanto de los agentes como de sus familias.

"La situación es crítica, no expondremos más vidas", dijo el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, al señalar que grupos afines a Morales estarían detrás de amenazas, agresiones y bloqueos. La Policía se retiró hace un mes tras protestas violentas en las que manifestantes atacaron comisarías y cortaron rutas.

Una región fuera del control estatal

Desde el Ejecutivo aseguran que lo que ocurre en el Trópico no es un simple vacío de poder, sino un control político del territorio que impide el accionar judicial y policial. El viceministro Jhonny Aguilera fue directo: "No es una omisión, es un escenario donde se protege lo ilegal".

Según Aguilera, sectores movilizados en la región promueven una autonomía de facto para evitar cualquier intervención estatal. En palabras del gobierno, se trata de un enclave donde las estructuras paralelas desafían al Estado de derecho.

Violencia, impunidad y la figura de Evo Morales

El epicentro del conflicto es Lauca Eñe, localidad donde se encuentra Evo Morales, hoy investigado por un presunto caso de trata de personas. Pese a existir órdenes de arresto en su contra, las autoridades afirman que no pueden ejecutarse debido a la resistencia armada de sus seguidores.

En el último mes, al menos cuatro policías murieron en enfrentamientos en distintas localidades de Cochabamba. El gobierno calificó los hechos como "ataques premeditados" y advirtió que la presencia de Morales en la zona no solo representa un conflicto político, sino también un riesgo para la seguridad nacional.

Mientras la administración de Luis Arce intenta contener la escalada, la fractura interna del oficialismo se profundiza. Por ahora, el Estado reconoce que no puede recuperar el control de un territorio donde, aseguran, ya no rige la ley.

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