El primer ministro de Nepal, KP Sharma Oli, anunció este martes su renuncia luego de la violenta represión de protestas en Katmandú, que dejó al menos 19 muertos. En su carta a la presidencia, Oli señaló que abandona el cargo "para dar pasos hacia una solución política y la resolución de los problemas", abriendo paso a un nuevo escenario de negociación tras los disturbios.

Las manifestaciones comenzaron en rechazo a la prohibición temporal de redes sociales y derivaron en ataques a las residencias de líderes políticos y al Parlamento. Oli justificó su salida como un paso necesario para "resolver los problemas" y atender las demandas de la ciudadanía.

Protestas y violencia policial

El lunes, decenas de miles de manifestantes se congregaron frente al Parlamento en lo que se denominó la protesta de la Generación Z. La multitud exigía el fin de la censura digital y denunciaba la corrupción del Gobierno. La policía abrió fuego contra los manifestantes, provocando 19 muertes y varios heridos graves, muchos de ellos con disparos en cabeza y pecho.

Mientras tanto, los jóvenes continuaron las protestas el martes a pesar del toque de queda indefinido, coreando consignas como: "Castiguen a los asesinos del Gobierno. Dejen de matar a los niños". Entre los manifestantes, Bishnu Thapa Chetri afirmó: "El país ha empeorado tanto que para nosotros, los jóvenes, no hay motivos para quedarnos en él".

Ataques a líderes políticos y toque de queda

Durante los disturbios, las residencias de destacados líderes políticos, como Sher Bahadur Deuba, Ram Chandra Poudel y Pushpa Kamal Dahal, fueron incendiadas, así como una escuela privada vinculada a la familia de Deuba. Las autoridades impusieron toque de queda en Katmandú y otras ciudades y cerraron las escuelas de la capital.

Oli anunció la formación de una comisión de investigación para determinar las responsabilidades y prometió indemnizaciones y atención médica gratuita a los heridos. El ministro del Interior, Ramesh Lekhak, también presentó su renuncia.

Restricciones a redes sociales en el centro del conflicto

La controversia comenzó cuando el Gobierno intentó regular las redes sociales mediante un proyecto de ley que exige a las plataformas registrarse y someterse a supervisión estatal. La medida, criticada por grupos de derechos humanos como censura encubierta, afectó a Facebook, Instagram, WhatsApp, X y YouTube, mientras que TikTok, Viber y otras plataformas cumplieron con el registro y continuaron operando.

Las protestas reflejan la frustración de la población con los partidos políticos, acusados de corrupción y de no responder a las demandas de la ciudadanía. Los manifestantes exigieron justicia por las muertes, el fin de la censura y un gobierno que priorice la seguridad y los derechos de los ciudadanos.