Una reciente decisión del Tribunal Regional Federal de Brasil (TRF-4) ha reavivado el debate sobre el control de las Cataratas del Iguazú. Según el fallo, el estado de Paraná obtuvo la titularidad de 1.085 hectáreas del Parque Nacional del Iguazú, un área equivalente a más de 1.500 campos de fútbol. Este cambio implica que el estado ahora recibirá una parte de los ingresos turísticos generados en el parque.

El conflicto tiene sus raíces en 2018, cuando el gobierno federal brasileño intentó anular un registro del estado de Paraná sobre este territorio. Mientras que la administración federal lo consideraba "tierra desocupada" bajo su jurisdicción, Paraná argumentó que la zona fue adquirida legalmente en 1919, tras ser comprada a un particular.

Reacciones encontradas y una posible apelación

El Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad (ICMBio), que administra el parque a través de la concesionaria Urbia Cataratas SA, ha anunciado que apelará la decisión. En un comunicado, el ICMBio advirtió que la transferencia prioriza intereses económicos por encima de la conservación ambiental.

Por su parte, el diputado estadual Luiz Fernando Guerra celebró el fallo como una "gran victoria" para Paraná, destacando que los ingresos generados podrían ser reinvertidos en el estado, fortaleciendo la economía local y los programas de conservación.

Un precedente para las áreas protegidas en Brasil

La Abogacía General de la Unión (AGU) sostiene que la Constitución de 1988 reserva las tierras desocupadas cercanas a las fronteras para el control federal, argumentando que este territorio es esencial para la seguridad nacional.

Mientras el estado de Paraná defiende su derecho a gestionar la zona y beneficiarse de los ingresos, la disputa legal promete prolongarse, dejando en el aire el futuro de la gestión ambiental y turística de las Cataratas del Iguazú, uno de los destinos más emblemáticos de Sudamérica.