La Cámara Federal reabrió una causa penal contra el expresidente de Bolivia, Evo Morales, por presunta trata de personas y abuso de menores durante su estadía como asilado político en Argentina en 2019. La decisión fue tomada por la Sala I del tribunal, que consideró "prematuro" el archivo previo del expediente e incorporó a la Fundación Apolo como querellante.

Reconocen a la Fundación Apolo como parte activa del proceso

Con la firma de los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens, el tribunal sostuvo que la denuncia original y su ampliación contienen elementos que justifican una investigación a fondo. Además, destacaron que la Fundación Apolo -una ONG enfocada en derechos humanos y anticorrupción- puede ejercer un rol activo en la causa.

La denuncia, impulsada por esta ONG y difundida en su momento por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, acusa a Morales de haber convivido con adolescentes bolivianas en condiciones presuntamente vulnerables, con fines domésticos o personales. La causa se sustenta principalmente en el testimonio de Angélica Ponce, una exdirigente boliviana que declaró haber visto menores realizando tareas serviles durante sus visitas al expresidente.

Graves acusaciones durante su estadía como asilado

La denuncia apunta a que Morales, bajo la protección política del gobierno de Alberto Fernández, habría recibido a estas menores como parte de una red de favores encubiertos. Incluso se señala que algunos funcionarios cercanos al exmandatario ofrecían "niñas como obsequios" a cambio de beneficios políticos. Durante su estadía, Morales fue trasladado en el avión presidencial y recibió apoyo económico del Estado argentino, situación que el actual presidente Javier Milei revocó al llegar al poder.

El legislador porteño Yamil Santoro, titular de la Fundación Apolo, celebró la reapertura del caso: "La gravedad de los hechos denunciados y la identidad de las personas involucradas exige un compromiso absoluto de la Justicia. No vamos a permitir que se tape una red de impunidad en nombre de la diplomacia o la política".

Con esta decisión judicial, la causa vuelve a instrucción y Apolo podrá impulsar nuevas medidas de prueba.