Justicia de EE.UU. ordena a Argentina transferir el 51% de las acciones de YPF a fondos demandantes
Un fallo clave en Nueva York obliga al Estado argentino a ceder la mayoría accionaria de la petrolera estatal, en el marco de un litigio millonario por la estatización de 2012.
Un fallo judicial que sacude a YPF y al Estado argentino
La jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, emitió un fallo contundente que ordena al Estado nacional de Argentina transferir el 51% de las acciones Clase D de la petrolera YPF a los fondos buitre beneficiarios del reclamo judicial. La causa está impulsada por el fondo Burford Capital, que adquirió los derechos de litigio del Grupo Petersen Energía e IEASA (ex Enarsa).
Este fallo judicial está relacionado con la nacionalización de YPF que se realizó en 2012 durante la gestión de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y que fue aprobada por el Congreso con amplia mayoría. Burford Capital reclama una indemnización millonaria por supuestas irregularidades en ese proceso de estatización.
¿Qué implican las acciones Clase D que ordena transferir la justicia?
Las acciones Clase D de YPF se originaron tras la venta de acciones Clase A y Clase B al sector privado. Mientras que las acciones Clase A pertenecen al Estado nacional y las Clase B a las provincias con yacimientos hidrocarburíferos, las acciones Clase D representan la mayoría accionaria adquirida por el Estado nacional a la empresa española Repsol.
Actualmente, la composición accionaria de YPF es la siguiente:
-
Accionistas Clase A: Estado Nacional (0,001%)
-
Accionistas Clase B: Provincias (0,002%)
-
Accionistas Clase C: Fondo de Empleados (0,010%)
-
Accionistas Clase D: Estado Nacional (51%) y Público (48,987%)
El fallo ordena que Argentina transfiera el 51% que posee bajo la denominación Clase D a los demandantes, lo que implica un cambio sustancial en el control accionario.
Reacción del mercado y perspectivas
Tras conocerse el fallo, las acciones de YPF en Wall Street sufrieron una caída inmediata, perdiendo más del 6% de su valor. La noticia generó preocupación en los mercados, que ahora esperan definiciones sobre posibles apelaciones y consecuencias legales para el Estado argentino.
El reclamo judicial se fundamenta en supuestas irregularidades durante el proceso de estatización, aunque la operación fue respaldada por el Congreso argentino en su momento.
Contexto y relevancia del caso
Este litigio se enmarca en una serie de demandas que enfrentan a Argentina con fondos de inversión internacionales, que han adquirido derechos de litigio de empresas locales. En este caso, Burford Capital actúa en representación de antiguos accionistas que consideran que la expropiación de YPF perjudicó sus intereses.
La decisión judicial representa un desafío para el Gobierno argentino, que deberá evaluar cómo proceder ante la orden de transferencia, además de las repercusiones económicas y políticas que este tipo de litigios genera.