El régimen iraní expresó su firme repudio a la decisión de la Justicia argentina de avanzar con un juicio en ausencia contra diez ciudadanos iraníes y libaneses vinculados al atentado a la AMIA en 1994. A través de un comunicado oficial, el gobierno persa calificó la medida como "ilegal, politizada y en violación del derecho internacional".

El pronunciamiento estuvo a cargo de Issa Kameli, alto funcionario de la Cancillería iraní, quien exigió explicaciones formales por parte de Buenos Aires y acusó a la administración de Javier Milei de impulsar una estrategia "influenciada por intereses sionistas" para proteger a "exfuncionarios argentinos corruptos".

Acusaciones cruzadas y tensiones crecientes

La medida judicial que generó la reacción de Teherán fue firmada por el juez federal Daniel Rafecas y permite llevar a juicio oral a los acusados aun sin su presencia física, bajo la nueva figura legal del juicio en ausencia. Es la primera vez que se aplicará este mecanismo en el país, habilitado para casos de terrorismo y delitos graves.

Según Irán, la decisión judicial busca deteriorar las relaciones bilaterales y encubrir décadas de irregularidades en la causa AMIA, una investigación que acumula más de 30 años de controversias, desvíos y denuncias de encubrimiento.

El gobierno de Milei fue además señalado por Teherán como cómplice del "régimen sionista genocida" y de los Estados Unidos, en el marco de lo que describieron como una ofensiva diplomática destinada a aislar a Irán.

Los acusados y el trasfondo geopolítico

El juicio apunta contra diez prófugos de la Justicia argentina, entre ellos altos exfuncionarios iraníes como Alí Fallahijan (exministro de Inteligencia), Alí Akbar Velayati (excanciller) y Ahmad Vahidi (exjefe de la fuerza Al Quds), sindicados como responsables clave del atentado que dejó 85 muertos y más de 150 heridos.

Irán, que nunca aceptó las órdenes de extradición, acusó a la Argentina y Paraguay de respaldar operaciones militares contra su país y celebró, en cambio, el apoyo recibido por parte de gobiernos aliados como Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Brasil, Chile y Colombia.

Finalmente, Kameli advirtió que Teherán se reserva el derecho a tomar "medidas firmes" para defender a sus ciudadanos frente a lo que considera una campaña internacional motivada por intereses políticos y no judiciales.