Un grupo de más de 20 estados de Estados Unidos presentó una demanda contra la administración Trump en un tribunal federal de Rhode Island. El objetivo: exigir la liberación de unos 6.800 millones de dólares en fondos federales destinados a programas educativos. Según la demanda, el dinero debía haberse distribuido antes del 1 de julio, pero el Departamento de Educación notificó el 30 de junio que no entregaría las subvenciones, argumentando el cambio de administración como causa.

La medida, aseguran los estados demandantes, afecta directamente a escuelas públicas y programas clave en todo el país, como clases de inglés, alfabetización para adultos, capacitación docente y actividades extracurriculares o de verano.

La Corte Suprema le da vía libre a Trump para seguir con el cierre del Departamento de Educación

Mientras los estados avanzan con su demanda, la Corte Suprema de EE.UU. emitió un fallo de emergencia que favorece a la administración Trump. En una decisión dividida (6 a 3), suspendió una orden previa de un juez de distrito que obligaba al Gobierno a reincorporar a cerca de 1.400 empleados despedidos del Departamento de Educación.

La orden original fue emitida el 22 de mayo por el juez Myong Joun, con sede en Boston, quien consideró que los despidos eran arbitrarios. Ahora, con el fallo de la Corte, la administración puede seguir adelante con su plan de desmantelar el organismo.

Programas en riesgo y escuelas afectadas

Según la demanda, los fondos estaban destinados a una amplia gama de programas educativos esenciales, como:

• Educación para hijos de trabajadores agrícolas migrantes
• Reclutamiento y formación de docentes
• Enseñanza del inglés como segunda lengua
• Apoyo académico y actividades extraescolares
• Alfabetización de adultos y capacitación para el empleo

El congelamiento del dinero, aseguran los estados, no solo perjudica a las escuelas en funcionamiento, sino que obligó a suspender o cancelar decenas de programas, especialmente los que se desarrollan en verano.

Desde la Casa Blanca, la Oficina de Administración y Presupuesto respondió que las subvenciones siguen bajo "revisión programática", sin dar más detalles ni plazos para una eventual reactivación.