Pese a las advertencias de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, el Gobierno español ha mantenido y ampliado acuerdos con empresas tecnológicas chinas para el control de datos y la vigilancia en infraestructuras estatales. En el centro de la polémica se encuentran compañías como Huawei y Hikvision, señaladas por su cercanía con el régimen de Xi Jinping y por su presunta implicación en operaciones de vigilancia masiva en China.

Desde el complejo presidencial de La Moncloa hasta organismos como Hacienda y el Ministerio del Interior, España ha instalado sistemas de videovigilancia de Hikvision, una empresa vetada por varias democracias occidentales. En paralelo, Huawei gestiona el almacenamiento de escuchas judiciales a través del sistema SITEL, un contrato valorado en más de 12 millones de euros.

Críticas de inteligencia y presión internacional

Las adjudicaciones han generado tensiones diplomáticas y preocupaciones entre aliados de la OTAN. Desde Washington, se advirtió que estas decisiones "podrían abrir una puerta trasera" a los servicios de inteligencia chinos. En el propio Centro Nacional de Inteligencia (CNI), fuentes citadas por medios locales expresaron su preocupación por la seguridad del Estado.

Canadá suspendió en junio las operaciones de Hikvision en su territorio. La empresa también ha sido prohibida en instalaciones gubernamentales en Australia, el Reino Unido, Dinamarca y el Parlamento Europeo, debido a su supuesto uso en campañas de represión contra minorías en la región china de Xinjiang.

Madrid defiende sus decisiones y China niega cualquier irregularidad

El Gobierno español ha justificado los contratos por criterios técnicos y económicos. En tanto, Huawei y Hikvision rechazan las acusaciones y aseguran que no existe ningún uso indebido de sus tecnologías.

China, por su parte, ha calificado las advertencias de Occidente como parte de una "guerra tecnológica" y ha defendido el derecho de sus empresas a competir globalmente.