El 19 de febrero de 2026 marcó un hecho histórico para la realeza británica: Andrew Mountbatten-Windsor, hasta hace poco conocido como príncipe Andrés, fue detenido en su residencia del complejo real de Sandringham por presunta conducta indebida en el ejercicio de un cargo público. La investigación sostiene que podría haber compartido información oficial con el fallecido financista y abusador sexual Jeffrey Epstein durante su función como enviado comercial del Reino Unido.

El arresto incluyó allanamientos a propiedades vinculadas al exduque de York y representa el primer arresto de un miembro de la familia real en siglos, lo que amenaza con desencadenar una crisis institucional para la Casa de Windsor. El propio rey Carlos III se distanció del escándalo, enfatizando: "La ley debe seguir su curso".

El origen: el vínculo con Jeffrey Epstein

La detención es la culminación de una historia que comenzó hace más de 20 años. En 2001, Virginia Giuffre, ciudadana estadounidense, denunció que fue obligada a mantener relaciones sexuales con Andrés cuando era menor, tras ser captada por la red de Epstein.

El príncipe siempre negó las acusaciones, aunque en 2022 aceptó un acuerdo extrajudicial millonario que incluyó una donación a la fundación de Giuffre y un reconocimiento del tráfico de jóvenes por parte de Epstein. A pesar de esto, nuevas revelaciones judiciales reactivaron el escándalo, mostrando posibles contactos y transferencias de información oficial incluso después del acuerdo.

El abogado británico Mark Ellison explicó que los casos de este tipo no se limitan a delitos sexuales, sino que implican abuso de poder institucional, lo que amplifica la gravedad jurídica del arresto.

Derrumbe institucional y pérdida de privilegios

El impacto en la monarquía se fue construyendo progresivamente. Tras una entrevista polémica en 2019, Andrés se retiró de la vida pública, perdió funciones oficiales y honores militares. En 2025, Carlos III le retiró títulos y patronazgos, despojándolo formalmente de su estatus de príncipe.

Para la historiadora Anna Whitelock, "es la mayor desmonarquización de un royal moderno: pasó de figura estatal a ciudadano investigado".

Documentos judiciales de 2026 sugieren que Andrés compartió reportes oficiales de viajes comerciales del gobierno británico que podrían haber beneficiado negocios de Epstein, lo que cae bajo el delito de misconduct in public office y podría implicar prisión efectiva.

El experto en derecho público David Allen Green enfatiza: "No es un escándalo moral sino constitucional: implica usar el Estado en favor de un particular". Además, la policía investiga denuncias de tráfico sexual vinculadas a la red de Epstein durante su desempeño diplomático.

Un problema para la monarquía

El caso afecta directamente la legitimidad de la Corona. Encuestas posteriores al arresto muestran caída del apoyo público, especialmente entre los jóvenes, y evidencia que el Palacio ya no puede aislar la figura personal del sistema institucional.

La socióloga Pauline Maclaran señala: "El problema no es solo Andrew: es la percepción de privilegio y de impunidad".

La trayectoria del duque de York es una de las caídas más abruptas de la historia moderna de la realeza: de héroe militar en la guerra de Malvinas y embajador comercial a acusado de delitos sexuales e institucionales.

Qué sigue

La detención no implica condena. La fiscalía británica debe decidir si presenta cargos formales. Sin embargo, el daño político y mediático ya es profundo, planteando una discusión global sobre poder, privilegios y responsabilidad. Por primera vez en siglos, la pregunta no es si un miembro de la realeza puede caer en desgracia, sino si podría terminar en la cárcel.

Este caso redefine los límites del poder real y marca un precedente histórico en la relación entre la monarquía y la justicia en el Reino Unido.