El presidente Pedro Sánchez anunció que el Ejecutivo pidió formalmente a la Fiscalía General del Estado que investigue si plataformas como X, Meta y TikTok podrían estar incurriendo en delitos relacionados con pornografía infantil generada con inteligencia artificial.

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, aseguró que en apenas once días se generaron tres millones de imágenes de desnudos mediante IA y que una parte de ese material correspondería a menores de edad.

"No podemos permitir que el algoritmo amplifique o ampare este tipo de contenidos", advirtió, y remarcó que está en juego la seguridad y la intimidad de niños y adolescentes.

Activación del artículo 8 y foco en violencia digital

Con la invocación del artículo 8 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, el Ejecutivo habilita a la Fiscalía a iniciar investigaciones de oficio ante hechos que puedan revestir gravedad.

Desde el Ministerio de Presidencia y Justicia se pedirá formalmente que se analicen posibles delitos de violencia sexual digital en las principales redes.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, sostuvo que la medida busca reforzar la protección de los derechos de la infancia en entornos digitales. Recordó además que en enero ya habían solicitado investigar específicamente a X por presuntos delitos vinculados a pornografía infantil.

Las cinco medidas contra el "salvaje Oeste digital"

Días atrás, Sánchez presentó un paquete de cinco acciones contra lo que definió como un "salvaje Oeste" en redes sociales.

Entre los ejes centrales se destacan:

• Trabajo conjunto con la Fiscalía para perseguir delitos que afecten a menores.

• Sanciones y posibles responsabilidades penales para plataformas que no retiren contenidos ilícitos.

• Control sobre la manipulación algorítmica y el uso de datos sin consentimiento.

• Creación de una "huella de odio y polarización" para medir el impacto social de las plataformas.

• Limitar el acceso a redes sociales a menores de 16 años.

El Gobierno insiste en que la protección de la infancia será prioridad en el debate regulatorio sobre inteligencia artificial y redes sociales, en un contexto donde la tecnología avanza más rápido que la legislación.