El gobierno de Estados Unidos lanzó un plan para reactivar la producción petrolera de Venezuela mediante un retiro parcial y selectivo de sanciones económicas, con el objetivo de permitir la venta y transporte de crudo a mercados internacionales bajo estrictos controles financieros. La medida se anunció tras la reciente captura del presidente Nicolás Maduro.

Retiro parcial de sanciones y control de ingresos

El Departamento de Energía de EE.UU. informó que las operaciones comenzaron de manera inmediata, con la venta inicial de entre 30 y 50 millones de barriles de crudo, y que las transacciones continuarán de manera indefinida, siempre que se realicen por canales autorizados.

Todos los fondos obtenidos de la venta de petróleo serán depositados en cuentas controladas por Estados Unidos en bancos internacionales de primer nivel, buscando garantizar la trazabilidad y legitimidad de los recursos.

El presidente Donald Trump aseguró que esta política permitirá reorganizar el flujo de crudo venezolano hacia mercados formales, evitando intermediarios que históricamente evadieron sanciones.

Modernización del sector petrolero

El plan incluye medidas técnicas para recuperar la capacidad productiva del sector, afectada por años de desinversión y pérdida de personal especializado. EE.UU. autorizó la importación de equipos, repuestos y servicios para campos petroleros, permitiendo la participación de empresas estadounidenses y extranjeras en mantenimiento y modernización.

Además, se suministrarán diluyentes de crudo liviano estadounidense para mejorar la calidad del petróleo pesado y extrapesado, que constituye la mayor parte de las reservas venezolanas.

Mejoras en la infraestructura eléctrica

El acuerdo también contempla la recuperación de la red eléctrica, considerada clave para sostener la producción energética. El Departamento de Energía señaló que la generación eléctrica venezolana cayó más de un 30% en los últimos años, y trabajará en mejorar el sistema para apoyar la recuperación económica y energética del país.

Solo las operaciones autorizadas por EE.UU. serán consideradas legales, y cualquier intento de evadir el control podría derivar en sanciones adicionales. La medida busca no solo reactivar el comercio energético regional, sino también fortalecer la infraestructura clave y sentar bases para un crecimiento sostenido en el sector venezolano.