La presidenta de Perú, Dina Boluarte, promulgó una ley de amnistía que generó un fuerte rechazo de organismos de derechos humanos y del Poder Judicial. La norma favorece a militares y policías acusados de delitos cometidos durante el conflicto armado interno entre 1980 y 2000.

Alcance de la medida

La ley extingue la responsabilidad penal de uniformados procesados por casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, secuestros, torturas y abusos sexuales. Además, concede amnistía a quienes ya tienen condena y superan los 70 años de edad.

Defensa oficial y rechazo internacional

Boluarte justificó la medida como un reconocimiento al "sacrificio" de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el terrorismo. También criticó lo que consideró una "intromisión" de la comunidad internacional, tras la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la preocupación expresada por expertos de la ONU y organizaciones humanitarias.