El Gobierno de Australia evalúa endurecer las leyes de posesión de armas luego del atentado ocurrido el domingo por la tarde en una playa de Sídney, durante un acto de la comunidad judía. La masacre dejó 16 personas fallecidas y al menos 42 heridas, según confirmaron fuentes oficiales.

El primer ministro Anthony Albanese anunció que el tema será tratado en el Gabinete Nacional y aseguró que el Ejecutivo está dispuesto a avanzar con "cualquier acción que sea necesaria", incluyendo límites a la cantidad de armas por persona y revisiones periódicas de las licencias.

Licencias bajo la lupa y señales de alerta

El debate se intensificó al confirmarse que uno de los atacantes tenía licencia de armas vigente. Albanese advirtió que "las licencias no pueden ser perpetuas" y que las circunstancias personales pueden cambiar con el tiempo, incluso con procesos de radicalización.

La Policía de Nueva Gales del Sur informó que el agresor fallecido contaba con licencia desde 2015, tenía al menos seis armas de gran calibre y era miembro de un club de tiro. Según las autoridades, cumplía con los requisitos legales al momento de su otorgamiento.

Qué se sabe del ataque y los sospechosos

El atentado ocurrió cerca de las 18:40 (hora local), cuando dos hombres armados con rifles abrieron fuego contra una multitud reunida en un parque próximo a una de las playas más concurridas de la ciudad. Catorce personas murieron en el lugar, incluido uno de los atacantes, y otras dos fallecieron luego en el hospital, entre ellas una niña de 10 años.

Los sospechosos serían padre e hijo, de 50 y 24 años. El mayor murió tras un enfrentamiento con la policía y el más joven permanece hospitalizado bajo custodia. Las autoridades descartaron la existencia de prófugos y no difundieron identidades.

Antecedentes y posibles cambios legales

Albanese calificó el ataque como "un acto de pura maldad" y ordenó que las banderas ondeen a media asta. También recordó que Australia ya reforzó su legislación tras la masacre de Port Arthur en 1996 y lanzó una amnistía de armas en 2017, durante la cual se entregaron más de 57.000 armas de fuego.

Mientras avanza la investigación -con análisis preliminares sobre posibles vínculos extremistas aún sin confirmar-, el Gobierno dejó en claro que la política de control de armas volverá al centro del debate.