Durante julio, como se ha venido analizando, el Gobierno de La Libertad Avanza ha exhibido inconsistencias en su política económica, las cuales estresaron la coyuntura financiera. Se recalentó el dólar y las tasas de interés en pesos sufren una volatilidad que provoca vértigo. El viernes pasado fue el turno de las inconsistencias en el plano institucional. Pero en este caso, lo que se ve afectado no es el costo del dinero: lo que se estresa es el sistema democrático.

El viernes, el presidente Javier Milei brindó su séptima cadena nacional para explicar por qué opuso el veto contra varias leyes sancionadas por el Congreso. Son las que establecieron un aumento de las jubilaciones, una suba del bono para los jubilados que perciben el haber mínimo, y la prórroga de la moratoria previsional. También fulminó la declaración de emergencia en discapacidad.

Los vetos son justificados por el oficialismo y repudiados por la oposición. La ciudadanía podrá, en las urnas, manifestarse al respecto. Pero no dejan de ser parte del mecanismo constitucional de la sanción de las leyes y los presidentes argentinos han apelado a ellos reiteradamente.

La inconsistencia de Mileí pasó por otra parte. Específicamente, por su pública manifestación de que impulsará una ley para penalizar a los parlamentarios que sancionen normas que impliquen déficit fiscal. Específicamente, el mandatario dijo: "En los próximos días estaré enviando un proyecto de ley al Congreso para penalizar la aprobación de presupuestos nacionales que incurran en déficit fiscal". Y agregó: "Este proyecto establece una regla fiscal estricta que le exige al sector público nacional obtener un resultado financiero con equilibrio o superávit. Todo nuevo gasto o recorte de ingreso que afecte este resultado deberá implicar un recorte de la misma proporción".


UN ESTADO SIN PRESUPUESTO

La primera inconsistencia de este anuncio es con la coherencia. Por segundo año consecutivo, el Estado argentino se maneja con la prórroga del Presupuesto General de la Nación correspondiente a 2023, por decisión del Poder Ejecutivo Nacional. Pero esa técnica, evidentemente, no es reprochable, ni mucho menos punible, en la consideración de las autoridades de la Casa Rosada.

Si no hay un Presupuesto Nacional 2025, entonces no hay un programa de ingresos y egresos, ni de metas por cumplir. Luego, ¿cuál es la herramienta objetiva sobre la cual ponderar si un proyecto del Congreso va a ser "deficitario"? ¿La palabra de los funcionarios?

DEL GOBIERNO DE LAS LEYES AL GOBIERNO DE LA CAJA

Un segundo nivel de inconsistencias se vincula con la historia. En la Argentina ya hubo una ley que determinaba que los gastos del Estado no podían superar los ingresos. Fue durante este siglo. Y no funcionó. "El déficit cero ya es ley: el Senado lo votó sin ningún cambio", tituló "Clarín" el lunes 30 de julio de 2001, durante la fallida presidencia del radical Fernando de la Rúa. Ya se conoce el final.

Luego del "que se vayan todos" llegó el kirchnerismo, electo en 2003, y reelecto en 2007, en 2011 y en 2019. Sus presidencias no fueron, precisamente, gestiones de "déficit cero".

Lo que queda expuesto es que la realidad no puede ser "fabricada" con leyes. Esa es la convicción del institucionalismo clásico, que no había tenido en cuenta que junto con los sistemas formales que articulan las normas coexisten en instituciones informales igualmente valoradas por la sociedad.

Sin embargo (y dado que el tiempo es esencialmente entrópico), el Gobierno de Milei, a partir de su anuncio, no quiere una "nomocracia", es decir, un gobierno de las normas, sino un gobierno de la caja. En otras palabras, reducirlo y subsumirlo todo a déficit o superávit, sin mirar a quién.


LO QUE QUIERA LA MAYORIA ¿YA NO IMPORTARÁ?

Ello conduce a la tercera de las inconsistencias: el sistema republicano de gobierno, es decir, la división de los poderes del Estado, y sus mecanismos de independencia, relación y contrapeso, no se rigen por ecuaciones financieras. La iniciativa que Milei anticipa que impulsará, por el contrario, postula que debe haber decisiones del Poder Ejecutivo Nacional que deben elevarse a la categoría de incuestionables y, por tanto, permanecer al margen de la consideración, revisión y eventual modificación por parte de los representantes del pueblo de la Nación.

Supóngase que, en futuras elecciones (las de octubre próximo o las de 2027), una nueva composición del Congreso arroja mayorías que quieren (como pasó después de la ley de 2001) incrementar el gasto público en ciertas áreas, para atender urgencias sociales impostergables. ¿Irán presos los diputados y senadores que fueron consagrados por el pueblo con ese compromiso?

Si llegaran a ser más los argentinos en las urnas y los parlamentarios en el Congreso que quieran que el Estado sea administrado de manera diferente a como lo hace hoy la gestión libertaria, ¿eso ya no importará? Peor aún: ¿configurará un delito querer otra cosa?

Si uno o más distritos de la Argentina enfrentan una catástrofe, con la consecuente situación de emergencia, ¿no podrán recibir asistencia del Estado si ello implica cierto déficit? Si al Presidente, Milei o quien vaya a sucederlo en su momento, decide priorizar la ayuda humanitaria e impulsa un paquete de medidas de asistencia, ¿irá preso luego de haber contenido exitosamente el desastre?

El gobierno está facultado constitucionalmente para vetar leyes, como se indicó. ¿Pero si los diputados y los senadores insistieran con la promulgación de las normas que han sido vetadas, pese a también estar constitucionalmente facultados para ello, serán encarcelados?

¿Qué pasará con la garantía constitucional de que ningún parlamentario podrá ser molestado por sus opiniones vertidas en el recinto? ¿Se les dictará una excepción que diga que esa inmunidad no se aplicará cuando opinen diferente a lo que el Presidente ha decidido que es lo más conveniente?

Alberdi, en el siglo XIX, inspiró una Carta Magna liberal cuyo blindaje de las libertades fundamentales y los derechos políticos no pierde vigencia en el siglo XXI. Curiosamente, en el Gobierno ya no hablan de él. Y Milei, ahora, se identifica con Sarmiento, que tanto insultó al prócer tucumano.


EROSIÓN NORMATIVA Y RETROCESO DEMOCRÁTICO

Esto deriva en el cuarto nivel de inconsistencias: la iniciativa que Milei anuncia que impulsará riñe con la democracia. El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, ha calificado de "disparate cósmico el anuncio" del Presidente. Teniendo en cuenta que fue el ministro de Economía que, durante la segunda presidencia de Cristina Kirchner, llevó a la Argentina al "default" de 2014, además de ser responsable directo de los multimillonarios juicios por la expropiación de YPF y por el cambio de reglas para no pagar los cupones atados al crecimiento del PBI, no debería culpar de "disparates" a nadie. Pero con independencia de su alegre impunidad, lo cierto es que Kicillof se queda en la chicana. Su evidente interés por participar en el concurso de improperios e indignaciones en el que ha caído la degradada política argentina distrae del verdadero riesgo de lo que propone Milei.

La historia del parlamento, ese invento de los ingleses, es el control de la administración del erario por parte del gobernante. Los nobles no se reunieron para debatir qué debía hacer políticamente el rey, porque el monarca estaba investido por Dios, sino para controlar cómo gastaba, porque resulta que el dinero de la Corona no llovía del cielo sino que provenía de los impuestos. ¿Qué es, entonces, un Poder Legislativo que nada puede decidir sobre el empleo de los recursos públicos?

La respuesta, por cierto, no está en la historia, sino en la más absoluta contemporaneidad. En el ensayo "Cuestionando el retroceso", publicado en 2022 en el Journal of Democracy, la politóloga estadounidense Nancy Bermeo previno respecto de la "erosión normativa" y adviertió que encarna una "condición" para el retroceso democrático.

Es perfectamente racional el planteo presidencial respecto de que todo gasto que se proponga debería consignar la fuente con la que se financiara, en un contexto sistémico que propenda al equilibrio de las cuentas públicas. Lo contrario es un "realismo mágico" parlamentario. Pero muy distinto es considerar viable concebir un sistema de representantes del pueblo que tienen "prohibido" legislar sobre determinados aspectos de la administración de la cosa pública. En la Constitución Nacional, el Presidente tiene derecho a vetar las leyes, pero sólo después de que son aprobadas, no antes de que ello ocurra.

Ese "antes y después", justamente, vertebra dos lecciones centrales de "Anatomía del retroceso democrático", que publicaron un año antes que Bermeo y en la misma publicación, los políticos Robert Kaufmann y Stephen Haggard. Para que haya retroceso democrático, antes tiene que haber democracia. Los riesgos para las democracias ya no radican en los brutales golpes de estado del siglo XX, sino en el desmontaje de los mecanismos institucionales de control de los poderes ejecutivos. Lo que significa que no se concretan por agentes externos a la democracia, sino por personas que llegaron a ocupar lugares de poder de manera genuina y legítima.

Ahora bien, después de iniciado el proceso de retroceso democrático, su profundización siempre va verse acompañada del apoyo de una porción del electorado. Porque, otra vez, ocurre en el contexto de una democracia.

La propuesta de Milei de penalizar a los que voten leyes que (a falta de un Presupuesto General de la Nación) él considere deficitarias es, de momento, inviable. Dada la materia, no puede ser dictada mediante un DNU. Luego, ¿qué mayoría legislativa lo aprobaría? ¿Qué control de constitucionalidad superaría en Tribunales? Sin embargo, que el Presidente de los argentinos lo anuncie por Cadena Nacional debe encender las sirenas respecto de los riesgos que entraña su sola pretensión.

En lo que la ciencia política aún no encuentra un acuerdo cerrado es en qué momento los retrocesos democráticos terminan configurando una ruptura del sistema democrático. Vale aclarar que tal situación no está ni remotamente prefigurada en la Argentina. Pero lo importante no es encontrar el punto de no retorno de ese camino: lo esencial es no comenzar a transitarlo.