Una red de piratería audiovisual a gran escala

Un empresario tucumano de 54 años, identificado como Rafael Eugenio Mussa, fue acusado de organizar desde un country en Tucumán una red de televisión ilegal por Internet que se expandió a todo el país y América Latina.

El caso es investigado por la Fiscalía de Cibercrimen de Rosario, a cargo del fiscal Matías Ocariz, y ya alcanzó una instancia clave: Mussa aceptó un acuerdo abreviado de condena, que ahora espera la homologación del juez para convertirse en sentencia.

El funcionamiento del sistema IPTV clandestino

Según la causa judicial, la estructura operaba bajo la modalidad IPTV, ofreciendo acceso ilegal a señales en vivo y catálogos on demand de plataformas y empresas como Telecom (Flow), Artear y DirecTV.

La oferta se difundía en redes sociales a través del perfil de Facebook "EugenioIPTV", donde se promocionaban aproximadamente 2.000 canales, 2.200 películas y 180 series, entre otros contenidos premium.

Desde Tucumán, Mussa coordinaba cobros, altas de usuarios y una red de revendedores que expandía el negocio a distintas provincias y países de América Latina, generando un fuerte perjuicio económico a las empresas titulares de los derechos.

El anclaje en Rosario y las pruebas clave

El expediente también identificó una "pata" local en Rosario, encargada de tareas de captación de clientes, soporte y cobros. Esto motivó la intervención de la Fiscalía Regional Rosario y la competencia del fuero penal local.

Una de las pruebas centrales surgió cuando un investigador de Telecom contrató el servicio de manera encubierta, logrando documentar técnicamente la infracción. Esa compra permitió reunir datos sobre cuentas, medios de pago y funcionamiento del sistema, lo que respaldó la denuncia penal y las medidas de prueba posteriores.

Impacto en la industria audiovisual

La investigación determinó que el servicio ofrecía combos de bajo costo frente a los abonos legales, pero implicaba la retransmisión y comercialización no autorizada de contenidos protegidos por derechos de propiedad intelectual.

Las empresas damnificadas destacaron que el caso sienta un precedente relevante en la lucha contra la piratería audiovisual, una práctica que erosiona ingresos, desalienta inversiones y compite de manera desleal con los servicios legales.

Desde las fiscalías recordaron además que contratar servicios no autorizados expone a fraudes y robo de datos personales, además de alimentar economías informales que afectan la producción y el empleo en la industria audiovisual y de telecomunicaciones.

A un paso de la sentencia

Con la aceptación del acuerdo abreviado, el proceso judicial ingresó en su etapa final: solo resta la audiencia de homologación para que el juez confirme la condena y fije las consecuencias legales definitivas.

El caso deja en evidencia la escala y alcance regional que alcanzó la red de distribución ilegal, organizada desde Tucumán y perseguida judicialmente en Rosario.