El Club Atlético San Martín de Tucumán (CASM) continúa exigiendo justicia tras los hechos de violencia ocurridos en su estadio durante la semifinal contra Gimnasia y Esgrima de Mendoza. El club denunció penalmente a Franco Daniel Morales por daños agravados en un espectáculo deportivo, amparándose en la Ley 24.192, y ha manifestado su disconformidad con la falta de avances en la causa.

UN ATAQUE REGISTRADO Y SIN SANCIÓN FIRME

El 1 de diciembre de 2024, Morales, desde la platea, lanzó un objeto contundente contra un palco, rompiendo un vidrio y poniendo en riesgo a los presentes. Las pruebas audiovisuales presentadas por el club confirmaron lo sucedido, junto con pedidos de testigos e informes antropométricos.

Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal de Tucumán, en manos de la Auxiliar Fiscal Abril Agustina María, decidió no remitir el caso a una unidad especializada en violencia en el fútbol y aplicó un criterio de oportunidad, permitiendo que Morales evite una sanción penal a cambio de actividades de sensibilización y acciones comunitarias.

REPROGRAMACIÓN ARBITRARIA DE LA AUDIENCIA

La audiencia prevista para este lunes fue reprogramada sin justificación válida, luego de que el abogado defensor alegara que Morales estaba de viaje, sin presentar documentación que lo respalde. El representante de CASM, el Dr. Juan Andrés Robles expresó su rechazo, afirmando que el proceso no debía frenarse por un viaje de placer y que la audiencia, al ser virtual, podía realizarse desde cualquier lugar.

SAN MARTÍN EXIGE UNA SANCIÓN EJEMPLAR

El club sostiene que la decisión del MPF va en contra de la Ley 24.192, que establece sanciones claras para este tipo de hechos. En un contexto donde el fútbol mundial toma medidas más estrictas contra la violencia, la resolución del MPF sienta un peligroso precedente.