La Justicia negó el criterio de oportunidad y reabre la causa

En un fallo con fuerte impacto institucional, la Justicia de Tucumán rechazó un intento de cerrar una causa penal mediante un acuerdo económico y dispuso que se inicie una investigación a fondo contra Franco Daniel Morales, el hincha acusado de provocar destrozos en el estadio del Club Atlético San Martín de Tucumán.

El hecho ocurrió el 1 de diciembre de 2024, durante el partido entre San Martín y Gimnasia de Mendoza, cuando Morales rompió el vidrio de un palco oficial. El Ministerio Público Fiscal (MPF) había aceptado la aplicación de un criterio de oportunidad a cambio del pago de un millón de pesos como reparación, pero el club se opuso de manera contundente.

El club se plantó: "No es un simple daño"

La querella, en representación del club, sostuvo que el caso se encuadra en la violencia en espectáculos deportivos, y debe investigarse con el rigor que establecen las leyes nacionales 23.184 y 24.192, que agravan las penas por hechos violentos ocurridos en ese contexto.

También denunciaron que el MPF ignoró pruebas clave y adoptó una postura "arbitraria", al insistir con una salida alternativa que, según los abogados del club, atentaba contra el interés público.

No era un hecho entre particulares. Fue en un espectáculo público, con presencia de familias. Hay un interés social que no puede ignorarse, afirmó la jueza.

La jueza Gómez Moreira dio lugar al planteo del club

La resolución estuvo a cargo de la jueza Eliana Karina Gómez Moreira, quien coincidió con los argumentos presentados por el club y rechazó la propuesta del MPF. En su fallo, subrayó que el daño no fue solo patrimonial, sino que se trató de un hecho con alto impacto social y riesgo para la seguridad del público presente.

La magistrada remarcó que el criterio de oportunidad solo puede utilizarse si no hay interés público comprometido ni oposición razonada de la víctima, condiciones que en este caso no se cumplen.

Un mensaje claro: la violencia no se compra

El expediente fue devuelto al Ministerio Público con la orden de remitirlo a una fiscalía especializada, para que se avance con una investigación completa sobre lo ocurrido. Desde el club, destacaron que la decisión judicial es una señal clara para desalentar la violencia en el fútbol.

"Esta vez la Justicia escuchó. No se puede minimizar la violencia en los estadios ni cerrar causas con plata. La cancha debe seguir siendo un espacio seguro para toda la familia", expresaron desde la institución.