Este lunes 30 de marzo de 2026, la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) enfrenta una de sus jornadas más críticas en los tribunales de Comodoro Py. Mientras el Gobierno nacional capitaliza éxitos judiciales en el frente externo tras el giro en el caso YPF, la dirigencia deportiva local se ve acorralada por definiciones inminentes sobre su situación procesal. 

Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino se encuentran bajo la lupa de la justicia penal económica por una deuda millonaria de aportes, mientras que la Cámara de Casación debe resolver quién tiene la competencia para investigar una lujosa mansión en Pilar que se sospecha fue adquirida a través de testaferros.

La primera causa, bajo la órbita del juez Diego Amarante, investiga la retención indebida de contribuciones patronales e impuestos. Aunque la defensa de los dirigentes argumentó que la deuda fue cancelada recientemente, la justicia evalúa si el pago posterior exime de responsabilidad penal a Tapia y su tesorero, quienes han mantenido una relación tensa con el magistrado debido a las restricciones para salir del país. En paralelo, la Sala I de la Cámara de Casación Penal decidirá hoy si el expediente de la "mansión del misterio" en Villa Rosa regresa al fuero penal económico o permanece en la justicia federal de Campana.

Para comprender la complejidad de los cargos financieros que enfrenta la institución, es necesario desglosar los puntos técnicos del expediente por retención indebida:

• Monto en litigio: Se investiga la falta de pago en tiempo y forma de $19.300 millones en conceptos de impuestos y aportes.

• Imputados clave: Además de Tapia y Toviggino, el juez evalúa procesar a Víctor Blanco (expresidente de Racing) y Cristian Malaspina (Argentinos Juniors).

• La figura penal: Se aplica el régimen penal tributario que sanciona a los agentes de retención que no depositan los fondos correspondientes de sus empleados en los plazos legales.

Por otro lado, el caso de la propiedad en Pilar sumó un alto voltaje político debido a las recusaciones presentadas por la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió. La denuncia apunta a que la mansión, valuada en 17 millones de dólares y registrada a nombre de un monotributista y su madre jubilada, sería el epicentro de negocios oscuros vinculados al fútbol y la política de Santiago del Estero. Carrió solicitó el apartamiento de la jueza Ángela Ledesma por presuntos vínculos con el senador Gerardo Zamora y pidió que el camarista Carlos "Coco" Mahiques declare como testigo tras los rumores de que celebró su cumpleaños en dicha propiedad, sumando una presión extra sobre el Ministerio de Justicia que conduce su hijo, Juan Bautista Mahiques.