YPF quedó en el centro de una nueva crisis financiera. Desde que la jueza Loretta Preska ordenó a la Argentina transferir el 51% de las acciones de la petrolera a los fondos Burford Capital y Eton Park, la compañía perdió US$460 millones de su valor en el mercado. El ADR de YPF cerró este miércoles a US$32, con una capitalización bursátil de US$12.840 millones.

El desplome no es aislado. A principios de enero, la petrolera había alcanzado un valor máximo de US$21.170 millones. Desde entonces, perdió US$8330 millones, una caída cercana al 40%, que equivale a más de la mitad del monto que la Argentina debería pagar por la expropiación.

El Gobierno busca frenar la transferencia del 51% de YPF

En medio del revuelo judicial, el Gobierno presentó un escrito para frenar la orden de Preska. La jueza de Nueva York había dado 14 días para que la Argentina transfiera el paquete accionario clase D -equivalente a US$6548 millones- a una cuenta en The Bank of New York Mellon como parte del pago a los demandantes.

La Casa Rosada advirtió que perder el control de YPF representa un riesgo estratégico para el país. En el escrito judicial se destacó que "es la principal empresa energética de Argentina, con más de 23.000 empleados y un rol clave en el desarrollo nacional". Además, el Gobierno ya anticipó que apelará el fallo, y que recurrirá a una instancia superior si la jueza rechaza la solicitud.

Un juicio millonario para la Argentina

El litigio por la expropiación de YPF es el más costoso que enfrenta actualmente el país. La jueza Preska estableció que Argentina debe pagar US$16.100 millones. A esa cifra se suman US$1650 millones en intereses desde septiembre de 2023, por lo que el monto total asciende a US$17.750 millones. Según estimaciones del analista Sebastián Maril, los intereses suman US$2,5 millones por cada día de demora.

Por otro lado, el Gobierno también debe afrontar los altos costos legales de su defensa. El estudio estadounidense Sullivan & Cromwell LLP, contratado en 2021, cobra honorarios de hasta US$1560 por hora, con actualizaciones anuales según la inflación de EEUU.

Mientras tanto, los demandantes manifestaron estar dispuestos a negociar, ya sea con una quita sobre el monto original o con bonos como forma de pago. Aún así, el riesgo sobre el control de YPF sigue latente, y su impacto económico y político podría ser significativo.