La Casa Rosada se prepara para una nueva audiencia ante la jueza Loretta Preska en el marco del juicio por la expropiación de YPF. El encuentro, que tendrá lugar el próximo martes en Nueva York, será con los fondos demandantes -Burford Capital y Eton Park- y girará en torno a la etapa de discovery, donde los litigantes buscan acceder a documentación sobre activos del Estado.

Desde la Procuración del Tesoro, liderada por Santiago Castro Videla, trabajan contra reloj en la presentación de escritos y afinan la estrategia para blindar la posición argentina. La línea oficial es clara: no habrá ningún tipo de garantía mientras esté en curso la apelación del fallo que ordenó transferir parte de las acciones de YPF.

No habrá concesiones fuera del ámbito judicial

El Gobierno mantiene su postura firme: no habrá negociación directa con los fondos fuera del marco judicial. La jueza Preska pidió que las partes intercambien documentos y bajen el tono tras la tensa audiencia del pasado 15 de julio, pero en Balcarce 50 descartan cualquier diálogo privado.

El objetivo de los fondos es demostrar que YPF y el Estado argentino son una misma entidad, lo que les permitiría identificar bienes embargables. Ante esto, el equipo legal presidencial instruyó cerrar cualquier canal que facilite esa búsqueda.

Además, el oficialismo busca evitar que la disputa se centre en una eventual desobediencia al fallo, lo que podría derivar en sanciones económicas diarias.

La Corte de Apelaciones y un proceso dividido en cuatro frentes

La Corte de Apelaciones del segundo circuito de Nueva York ya comenzó a tratar el caso y definió que se dividirá en cuatro ejes, entre ellos la sentencia de US$16.100 millones a favor de los fondos. Las audiencias orales están previstas para la semana del 27 de octubre, justo después de las elecciones legislativas en Argentina.

En paralelo, el gobierno argentino presiona para que se suspenda la entrega de las acciones mientras avanza el proceso de apelación. Si ese pedido es rechazado, ya anticiparon que recurrirán de forma "urgente" a la Corte Suprema de Estados Unidos.

Un dato relevante: el gobierno norteamericano, en calidad de amicus curiae, respaldó a Argentina en su intento de evitar la entrega anticipada de las acciones. Sin embargo, Burford ya manifestó su rechazo a esta intervención y exigió que no se permita apelar sin antes garantizar el pago.

Sospechas de filtración y una interna caliente

Como parte de su defensa, la Procuración del Tesoro también inició una reestructuración interna ante sospechas de que hubo filtraciones de información confidencial sobre YPF. En el entorno del presidente aseguran tener "indicios fuertes" de que datos sensibles fueron vendidos a los demandantes.

El caso sigue sumando tensión, tanto en los tribunales de EE.UU. como dentro del propio Gobierno, en un contexto donde las decisiones jurídicas pueden tener un impacto político y económico profundo.