En medio de un contexto judicial explosivo por la causa YPF, la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) confirmó este miércoles una reestructuración profunda que implicó la desvinculación de más de 60 funcionarios y una reducción drástica de áreas técnicas, en el marco de un proceso de "austeridad y eficiencia", según el comunicado oficial.

Aunque el texto no hace mención directa a los recientes escándalos, fuentes del Gobierno confirmaron que las medidas se vinculan con sospechas de venta de información sensible vinculada al litigio internacional por la expropiación de YPF, una causa que compromete más de 16.000 millones de dólares para el Estado argentino.

Sospechas de filtraciones y silencio oficial

Desde la Casa Rosada dejaron trascender que existieron "situaciones irregulares" en las últimas semanas dentro de la Procuración, relacionadas con estrategias judiciales filtradas sin autorización. Aunque no hay declaraciones públicas que confirmen la venta de información, la preocupación en el Ejecutivo es notoria.

"El Procurador Castro Videla está haciendo una purga", dijo a la prensa una fuente oficial. "Estamos hablando de un organismo que maneja causas que cuestan muchos millones de dólares", agregó.

La información habría llegado, presuntamente, a manos del fondo Burford Capital, el demandante en el juicio por YPF que se tramita en Nueva York, a cargo de la jueza Loretta Preska. No se especificaron detalles sobre qué tipo de documentación se habría comprometido.

Austeridad y reducción operativa: los cambios

Según el comunicado difundido por la PTN, encabezada por Santiago Castro Videla, la reforma estructural se enmarca en los principios de la Ley de Bases, con el objetivo de hacer más ágil y moderna la administración pública.

Entre los cambios destacados:

Reducción del personal en más del 20% desde febrero de 2025.

Eliminación de dos Direcciones Nacionales (de seis a cuatro).

Disolución de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, que será reemplazada por un centro de capacitación con menos de un tercio del personal.

Reasignación de funciones internas para evitar tercerizaciones.

Supresión de "lujos jerárquicos", comitivas y gastos en viajes oficiales.

Silencio institucional y tensión política

Mientras el Gobierno intenta contener los daños, en el Congreso también se encendieron las alarmas. La semana pasada, oficialismo y oposición coincidieron en postergar el debate público del caso YPF para evitar declaraciones desafortunadas que pudieran ser utilizadas por la contraparte en EE.UU.

Se espera que en los próximos días se convoque a una sesión secreta en el Senado con la participación de funcionarios de la Procuración, del Ministerio de Economía y de YPF S.A., para brindar explicaciones formales sobre la situación.

El futuro del caso y su impacto en las finanzas públicas dependerá, en gran parte, de cómo el Estado argentino logre reconstruir su estrategia legal sin más filtraciones ni desvíos.