El fallo judicial que ordena la entrega del 51% de las acciones de YPF como parte de pago en la causa iniciada por el fondo Burford Capital encendió todas las alarmas. El exprocurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, calificó la situación como "una espada de Damocles" que amenaza con caer sobre el cuello de la Argentina y reclamó una respuesta institucional urgente del Congreso Nacional para evitar una pérdida estratégica.

En una entrevista con el programa EL AVISPERO por ENTERATE PLAY, Saravia Frías explicó que el fallo de la jueza Loretta Preska, aunque apelado, ya se encuentra en etapa de ejecución por las particularidades del sistema judicial estadounidense, lo que permite embargos anticipados incluso sin sentencia firme. "Eso es lo que ha ocurrido acá. El fallo ha sido apelado, pero se está ejecutando", remarcó.

Una orden que viola la ley argentina

El exprocurador fue categórico: la orden judicial emitida en Nueva York "obliga al Poder Ejecutivo argentino a violar una ley nacional". Se trata de la ley de expropiación que estableció, con mayoría agravada del Congreso, que el 51% de las acciones de YPF no pueden ser transferidas ni dispuestas sin autorización parlamentaria.

"Lo que está haciendo la jueza es entrometerse en los asuntos internos de otro Estado, algo expresamente prohibido por la ley de inmunidad soberana de EE.UU.", argumentó el exfuncionario, quien aseguró que este punto debe ser central en la apelación.

El Congreso debe responder con unidad

Pero más allá del plano judicial, Saravia Frías sostuvo que el Congreso argentino tiene una herramienta fundamental: emitir un proyecto de declaración institucional que exprese el repudio a la orden judicial extranjera, reafirme la vigencia de la ley nacional y defienda el control estatal de YPF.

"El Congreso puede y debe pronunciarse. Estamos ante una oportunidad de unir a todas las fuerzas políticas en defensa del patrimonio nacional. No es momento de grietas ni mezquindades", sostuvo.

Según reveló, senadores como Martín Lousteau y Mariana Juri ya están impulsando esta declaración, mientras que diputados de diversos bloques -incluidos del oficialismo- también mostraron interés en avanzar en la misma línea. "Me permito soñar con esa utopía de que ante la adversidad, el país se una", expresó con esperanza.

No es momento para negociar: hay que apelar

Saravia Frías fue enfático al rechazar la posibilidad de un acuerdo transaccional con el fondo demandante. "No se puede negociar con una sentencia de 16.000 millones de dólares sobre la mesa. Es el peor momento para sentarse", advirtió. Además, recordó que la ley de presupuesto prohíbe expresamente firmar acuerdos sin sentencia firme, lo que implicaría riesgos penales para los funcionarios.

El exprocurador también defendió la participación estatal en YPF como un activo estratégico en el contexto geopolítico actual, especialmente por el potencial de Vaca Muerta: "No me parece inapropiado que el Estado tenga mayoría accionaria en una empresa como YPF. No se puede entregar graciosamente un activo de la Nación. Hay que defenderlo con vehemencia".

El futuro en juego

Por último, Saravia Frías advirtió sobre los efectos colaterales que podría tener esta disputa legal: desde el bloqueo de futuras emisiones de deuda hasta un freno en las inversiones internacionales. "Este fallo ya está afectando la confianza en el plan económico del Gobierno", alertó.

Sin embargo, insistió en que la batalla no está perdida. "Un juicio no está perdido hasta que hay una sentencia firme. Hay que pelear con todas las armas legales y políticas posibles", concluyó.

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