En un clima de tensión y negociaciones, la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, se reunió este jueves con los principales sindicatos del Congreso, en medio de la controversia generada por 56 despidos en la Cámara alta. Ambas partes calificaron la reunión como "buena y cordial".

Desde el entorno de Villarruel, se deslizó que si se identifican "errores puntuales", se procederá a su revisión. Sin embargo, las medidas adoptadas seguirán vigentes mientras se lleva a cabo este análisis, que involucrará a Recursos Humanos y al área jurídica. Por su parte, los sindicatos afirmaron haber recibido garantías para resolver varios "excesos" y para asegurar que no se complicará el futuro laboral de empleados de larga data en el Senado.

La reunión se produjo en un contexto de crecientes tensiones y rumores sobre las políticas implementadas por Villarruel para evaluar al personal del Senado. La controversia se intensificó con la introducción de un sistema de huella digital para controlar la asistencia, lo que generó resistencia entre algunos legisladores y sindicatos, sumando incertidumbre al ambiente laboral.

Para entender esta situación, es fundamental considerar la compleja estructura del Senado. Los empleados de planta permanente y transitoria, que conforman la mayoría, son los más perjudicados por los despidos y cambios de políticas. En el medio, se encuentran sindicatos como la Asociación del Personal Legislativo (APL), liderada por Norberto Di Próspero, que mostró una postura defensiva ante las decisiones del oficialismo.

A medida que las tensiones crecen, Villarruel se enfrenta al desafío de equilibrar la agenda legislativa y las relaciones con los sindicatos y legisladores. Con más de 400 despidos desde la llegada de la nueva conducción, la situación sigue siendo delicada, y se espera un nuevo decreto que podría acentuar aún más las crisis en el Senado.