Cristina Kirchner cuestiona el índice de actualización utilizado para fijar el decomiso en  $685.000.000.000, sosteniendo que, según los cálculos de sus peritos basados en la tasa pasiva del Banco Central, la cifra correcta sería de apenas $42.000 millones. Además, la defensa argumenta que la justicia civil y comercial federal es la competente para tramitar el proceso.

Por su parte, Lázaro Báez también cuestiona el decomiso, alegando que la tarea ya la lleva adelante el TOF 4 en el marco de la causa Ruta del Dinero K. La Sala IV de Casación Penal, presidida por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, analizará ambos recursos de manera integral.

Propiedades y posibles destinos

Más allá del monto, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola trabajan en identificar los inmuebles pertenecientes a Cristina Kirchner. Entre ellos se destacan propiedades en la Ciudad de Buenos Aires, departamentos del Madero Center y 24 inmuebles en el sur del país. Algunos de estos bienes están actualmente embargados en otras causas, como Hotesur y Los Sauces, pero los fiscales sostienen que deben subastarse dentro de la causa Vialidad.

Una acordada de la Corte Suprema habilita que los inmuebles decomisados puedan ser destinados al Consejo de la Magistratura o a la propia Corte, o bien cedidos a provincias, municipios o entidades de bien público para programas educativos, de salud o asistencia social, en caso de que no se realice la venta inmediata.

Cronograma de la audiencia

Este jueves 11 de septiembre se escucharán los alegatos de las defensas. Tras la exposición, el tribunal tendrá cinco días hábiles para resolver sobre los recursos de casación y determinar si la expresidenta deberá devolver los US$530 millones equivalentes al daño que sufrió el Estado por obras no ejecutadas.