Detrás del brutal crimen de Erika Antonella Álvarez, que conmocionó a la capital tucumana, hay una trama que mezcla una agencia de seguridad privada, logísticas de fuga y una red de narcomenudeo, según pudieron reconstruir los investigadores a partir de los últimos hallazgos.

Por estas horas, la Justicia busca reforzar la acusación contra Felipe Sosa, el empresario y exmilitar de 51 años que está detenido como principal sospechoso. Armas de persuasión y bolsas de residuos halladas en dependencias de su empresa y el traslado urgente de una camioneta a Buenos Aires son las pistas que complican su situación.

Sin embargo, la defensa que lo representa juega una estrategia por estas horas: una "sombra" del pasado de la víctima a la que llaman "Carlos".

La Amarok, la caja fuerte y el "viaje de urgencia"

Uno de los puntos más sobresalientes del expediente es el derrotero de una Volkswagen Amarok V6 gris que usaba el acusado. La Fiscalía sospecha que fue el vehículo clave en las horas posteriores al crimen.

El 16 de enero, ocho días después de que apareciera el cuerpo de la joven en un basural, Sosa habría dado una orden a sus empleados: llevar la Amarok a la localidad de Pilar, Buenos Aires.

Mateo Manca y Juan Suárez, los empleados encargados del traslado, declararon que debían entregar el vehículo al padre de Sosa. Pero hubo un detalle que no pasó desapercibido: en la parte trasera del vehículo viajaba una caja fuerte gris. Sosa les advirtió que, si la Policía los paraba en la ruta, él les daría la clave por teléfono. Pasaron sin problemas.

La camioneta fue interceptada finalmente el 22 de enero por la Policía Federal en Buenos Aires. Ahora regresa a Tucumán precintada: los peritos buscarán con luminol cualquier rastro de sangre o elemento que se sume a la hipótesis de que el cuerpo de Álvarez habría sido trasladado en este vehículo para ser descartado en el basural donde fue hallado el 8 de enero.

Escopetas y bolsas: lo que se encontró en los allanamientos

En simultáneo, la División Homicidios de la Policía provincial realizó medidas en Tucumán. En las oficinas de la empresa de seguridad de Sosa, en calle Salta 64 de Yerba Buena, los investigadores encontraron tres escopetas de aire comprimido (CO2) marca Chiaramonte calibre 12, catalogadas como "no letales". Si bien es un armamento vinculado a su actividad comercial, el hallazgo refuerza el perfil "táctico" del acusado, quien e exhibía con indumentaria militar en redes sociales.

Pero el hallazgo más inquietante ocurrió en otro predio de Sosa, en el galpón de la empresa "Mundo Limpio" sobre la Ruta 301. Allí, la Policía secuestró paquetes de bolsas de residuos de consorcio (90x110 cm), algunas que habrían tenido el logo de "Seguridad Objetiva". La coincidencia es escalofriante: el cuerpo de Álvarez fue descartado envuelto en bolsas de características casi idénticas. El cotejo de estos materiales podría ser la prueba clave del caso.

La estrategia de la defensa, los asados en El Cadillal y un comisario en la mira

La defensa de Sosa intenta sembrar la duda apuntando a un tal "Carlos", un supuesto narco de origen brasileño o paraguayo mencionado en el expediente. Sin embargo, la familia de Álvarez aportó datos que, lejos de exculpar a Sosa, explican cómo llegó la joven a su vida.

De acuerdo a los testimonios incorporados a la causa, fue Carlos quien presentó a la chica con el acusado. La familia de ella relató que participaba de reuniones y asados organizados por el supuesto narco en una casa en la zona de El Cadillal. Un dato que genera escozor en los pasillos de tribunales: esa propiedad pertenecería a un miembro de la Policía de Tucumán.

Si bien la familia de la víctima no cree que Carlos sea el autor material del crimen -hace tiempo que no lo veían y estaría fuera del país-, su figura es clave para entender el contexto de vulnerabilidad en el que estaba Álvarez y los poderosos vínculos que rodeaban a sus "amistades". Para la querella, Carlos fue el nexo, pero Sosa el ejecutor.

Créditos: José Inesta, TN.