Según una investigación del diario LA NACIÓN, el gobierno nacional adjudicó de manera directa un contrato millonario para la conectividad de todas las escuelas públicas del país. La beneficiaria fue OPC Tech S.A., la empresa del empresario Leonardo Scatturice, que obtuvo un contrato por US$78.650.000 para renovar las licencias Cisco Meraki utilizadas en los sistemas de Wi-Fi escolares.

Scatturice es un empresario cercano al asesor presidencial Santiago Caputo, y en los últimos meses también adquirió la mayoría accionaria de Flybondi. Su empresa fue la única autorizada por Cisco Argentina como canal exclusivo para la provisión de las licencias, lo que fue el argumento del Gobierno para evitar una licitación pública y proceder por contratación directa.

Un costo cinco veces mayor al anterior

El mismo servicio, adjudicado en 2021 a través de una licitación pública, había costado apenas US$16.8 millones. En este nuevo proceso, el Gobierno justificó el incremento en la cantidad de dispositivos a renovar (más de 209.000) y en la necesidad urgente de evitar un "apagón masivo" en la red de conectividad educativa.

Desde el Ministerio de Capital Humano explicaron que un cambio de tecnología implicaría dejar inutilizados los routers Meraki adquiridos entre 2018 y 2023. Además, un informe técnico de la UTN respaldó la decisión oficial afirmando que migrar a otra solución generaría costos adicionales, riesgos operativos y una curva de aprendizaje innecesaria para los equipos técnicos.

¿Sin competencia real?

Aunque en el expediente se presentan presupuestos de otras dos empresas (Dinatech S.A. y DTE S.A.), el proceso se cerró rápidamente sin abrir una licitación pública. El argumento fue que OPC Tech era la única empresa avalada por Cisco para operar en Argentina. De hecho, Cisco Argentina envió una nota confirmando que la empresa de Scatturice es su único canal "Gold Partner" para este tipo de servicios.

Sin embargo, la decisión levantó sospechas y críticas, sobre todo al considerar los vínculos personales del empresario con el Gobierno nacional y el contexto de ajuste generalizado en otras áreas del Estado.

Más de 40.000 escuelas involucradas

El contrato está enmarcado en el Plan Nacional de Conectividad Escolar, que busca garantizar el acceso a internet en más de 50.000 escuelas públicas del país. Actualmente hay 18.765 redes activas y más de 148.000 dispositivos Meraki operativos en todo el territorio nacional. La renovación de licencias permitirá mantener ese sistema en funcionamiento durante tres años más, con soporte, actualizaciones y monitoreo remoto.

Scatturice ya registra más de 260 procesos administrativos como proveedor o representante de empresas ante el Estado, y su empresa ha tenido contratos previos vinculados a servicios de conectividad.

La polémica está servida

Aunque el Gobierno argumenta que la adjudicación fue técnica y necesaria para no cortar el servicio en las escuelas, la magnitud del contrato, la falta de competencia real y los vínculos personales entre el empresario y la Casa Rosada reavivan los cuestionamientos sobre la transparencia en el uso de fondos públicos.