El juez federal Martín Cormick dispuso una medida cautelar que suspendió provisoriamente el Decreto 759/2025, mediante el cual el Gobierno nacional había condicionado la aplicación de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente (ley 27.795). La decisión obliga al Poder Ejecutivo a actualizar de manera inmediata las partidas destinadas al pago de salarios docentes y becas estudiantiles.

La resolución fue dictada en el marco de un amparo colectivo impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional y otras entidades contra el Estado nacional. En su fallo, el magistrado consideró que el decreto presidencial presenta, en principio, rasgos de "arbitrariedad e ilegalidad manifiesta", al haber suspendido una norma que fue ratificada por ambas cámaras del Congreso tras el veto presidencial.

Los fundamentos del fallo judicial

Al analizar el caso, Cormick recordó que las medidas cautelares de carácter innovativo -como la solicitada- requieren un examen especialmente riguroso, ya que implican alterar el estado de situación existente. Sin embargo, sostuvo que en este caso se verificó una "inobservancia clara e incontestable de un deber jurídico" por parte del Poder Ejecutivo.

El juez destacó el proceso legislativo que culminó con la sanción de la ley 27.795, su posterior veto por parte del presidente Javier Milei y la insistencia del Congreso, tal como lo establece el artículo 83 de la Constitución Nacional. En ese sentido, remarcó que una vez ratificada la ley por el Parlamento, no resulta admisible una "variante suspensiva" que impida su aplicación mediante un decreto.

Además, señaló que el Gobierno fundó la suspensión del financiamiento universitario en una norma de jerarquía inferior, lo que -en esta etapa inicial del proceso- no puede prevalecer frente a un mandato constitucional expreso.

Impacto salarial y división de poderes

En relación con el "peligro en la demora", otro de los requisitos para conceder la cautelar, el fallo advirtió que la pérdida del poder adquisitivo de docentes y trabajadores universitarios continúa vigente y afecta derechos laborales protegidos por la Constitución y tratados internacionales.

Cormick también sostuvo que el deterioro salarial no solo perjudica al colectivo docente, sino que impacta de manera directa en el derecho a enseñar y aprender. Frente a ello, consideró que el eventual ahorro fiscal derivado de no aplicar la ley resulta poco significativo, ya que el impacto presupuestario estimado ronda el 0,23% del PBI.

Finalmente, el magistrado afirmó que la decisión del Poder Ejecutivo de suspender la ley mediante el Decreto 759/2025 aparece, al menos en esta instancia, como contraria al principio de división de poderes. Por ese motivo, declaró inaplicable el decreto y ordenó al Estado nacional cumplir de manera inmediata con la ley de financiamiento universitario, hasta que se dicte la sentencia definitiva.