El procedimiento fue tan torpe como inquietante. El 29 de septiembre a las 21:00 horas, un acta de constatación domiciliaria dejó en claro que en General Paz 576, piso 2, no existía ningún estudio jurídico. A pesar de esa certeza previa, en horas de la mañana del día siguiente se avanzó con un allanamiento en el mismo domicilio.

El único resultado del mismo fue el ingreso intempestivo de funcionarios judiciales y policías, que pidieron los datos personales a todos los trabajadores presentes para labrar una nueva acta en la que se consignaba lo ya establecido: en ese domicilio funciona un medio periodístico. No es un detalle menor que este operativo innecesario y desproporcionado irrumpiera mientras el equipo de prensa estaba al aire.

Para contextualizar, cabe recordar que el origen del operativo se vincula con la contradenuncia presentada por el jugador de Vélez, José Florentín, acusado de participar en una violación grupal contra una colega periodista y trabajadora bancaria, hace ya más de 15 meses. Una causa sensible, donde el aparato judicial en vez de tratar de proteger a la víctima o garantizar el debido proceso, hoy se esmera más por politizar el proceso judicial en curso y disciplinar a los medios.

De la torpeza al mensaje político

Lo que podría leerse como un error administrativo termina siendo un drama institucional. La Justicia no puede "confundirse de dirección" dos veces ni insistir en un procedimiento cuando ya había constatado que el lugar no era el objeto de la investigación. Esa obstinación no habla de un error, sino de una decisión, de una de las tantas voluntades políticas que mueve a la justicia tucumana. Y diciéndolo en criollo, la decisión política, fue la de allanar la sede de Enterate Play

El episodio tiene todos los condimentos de una escena que se repite demasiado: un poder judicial que se mueve sin pudor ni precisión, un procedimiento que desoye sus propias constataciones previas y una prensa que vuelve a ser tratada como el blanco de una sospecha.

En este escenario, el respaldo público cobra valor. El vicegobernador Miguel Acevedo, a cargo del Poder Ejecutivo, expresó su solidaridad con los trabajadores de Enterate Play y reivindicó la libertad de prensa como pilar democrático. Su gesto contrastó con el silencio calculado de otros sectores. También hubo pronunciamientos de concejales, legisladores, colegas y distintos medios que repudiaron el allanamiento arbitrario.

Hasta el Colegio de Abogados de Tucumán, dimensionó la magnitud del hecho y sus autoridades denunciaron públicamente que no se les dio margen de tiempo suficiente para designar veedores y que, incluso tras haberlos designado, el allanamiento se concretó sin su presencia.

Una amenaza a la libertad de prensa

Quedó en evidencia un procedimiento sin control ni resguardo, ejecutado a espaldas de las garantías constitucionales. Pero más allá de lo técnico, lo preocupante es la fragilidad del límite entre el Poder Judicial y la libertad de prensa y esa advertencia que sale desde las entrañas del Poder Judicial, y que en tono amenazante nos recuerda que ningún micrófono está a salvo si incomoda al expediente equivocado. La paradoja es clara: la Justicia, que debería garantizar derechos, termina siendo vehículo de disciplinamiento.

El allanamiento a Enterate Play no fue un accidente burocrático, sino un mensaje de poder. Por eso, este acontecimiento no debe reducirse a una anécdota de procedimientos mal diagramados. Por que lo que se juega no es solo la defensa de un medio de comunicación, sino la preservación de un principio elemental: el de la Libertad de Prensa.

Se suele decir que "sin prensa libre, no hay justicia que merezca ese nombre". Entonces, hoy de nuevo nos preguntamos, en Tucumán ¿Hay prensa libre?.